La participación del público en las discusiones sobre política suele ser un tema generalmente controvertido. El célebre debate entre Walter Lippmann (1922) y John Dewey (1927) ilustra algunos de los problemas inherentes a la compleja relación entre sociedad, política y medios de comunicación, y pone en evidencia las dificultades de llegar a un consenso en torno a los potenciales y las amenazas de dicha conjugación de factores.

A grandes rasgos, los análisis sobre el tema suelen abarcar un espectro, que va desde los más entusiastas a los más escépticos, sobre las posibilidades de los recursos comunicativos en el contexto de la política (Bohman 2004; Chadwik 2009) y, más concretamente, sobre lo que pueden representar en términos de impacto en cuanto a la (posibilidad de) participación (del público) en las sociedades democráticas.

En el ámbito teórico, como premisa para tales discusiones, el debate que se lleva a cabo en el espacio público es percibido como algo esencial para la democracia (Gutmann y Thompson 2009). Sin embargo, en la práctica, el interés de los ciudadanos “comunes” por los asuntos políticos también puede traducirse, al menos en términos de dinámicas de comunicación orientadas a la política, en un terreno fértil para conflictos, enfrentamientos y, en el extremo, riesgos para la propia democracia.

En el campo de los estudios de la comunicación política, las lecturas del cuadro son igualmente disonantes. En una de las vertientes, hay quienes perciben una crisis en la comunicación pública cuyas raíces se remontan a las interrelaciones entre los agentes del sistema de comunicación política, lo que resulta en efectos dañinos para la ciudadanía (Blumler y Gurevitch 1995). En la vertiente contraria a la del “malestar cívico”, como algo potenciado por las estrategias mediáticas y de marketing electoral -que cobraron importancia en las sociedades posindustriales-, existe la tesis del “círculo virtuoso” (Norris 2000), según la cual los ciudadanos mejor informados podrían incluso estar más propensos a involucrarse más con las cuestiones políticas.

Desde una perspectiva sistémica, la tradición de los estudios del área viene ofreciendo explicaciones de orden más normativo y funcional para el fenómeno de la comunicación política, en su vertiente comparada (Siebert, Peterson y Schramm 1956; Hallin y Mancini 2004; 2011; Esser y Pfetsch 2004; Canel y Voltmer 2014) En esa vertiente predominan los análisis deterministas sobre la actuación de los “políticos” y los “medios de comunicación” sobre el “público”, en la búsqueda de una comprensión más amplia de los escenarios. El resultado de estos esfuerzos es que los modelos analíticos resultantes contrastan con el fuerte protagonismo desempeñado por los individuos, en medio de las transformaciones tecnológicas de las últimas décadas.

Potenciada por herramientas digitales, la participación ciudadana en los espacios públicos de debate se acentuó en todo el mundo (Mossberger, Tolbert y Mcneal 2007). Pero los movimientos cívicos no se destacan solamente en el ámbito de la “ciudadanía digital”. En América Latina, en particular, luego de una década de efervescencia social que condujo a reformas políticas y económicas sustanciales en la década de 2010, la “voz de los ciudadanos” sigue resonando con entusiasmo, desde las pantallas de los dispositivos hasta las calles, sacudiendo algunas “plazas públicas” locales.

En la región, el activismo se combinó con diversas formas de movilización social que, en ocasiones, trascienden las formas más tradicionales de organización de la sociedad civil en el continente. Como un reflejo de lo que Christof Mauersberger (2016) define como la “lucha de las coaliciones de la sociedad civil en América Latina” (Mauersberger 2016: 4), cobra relevancia un rico mosaico de experiencias políticas de “origen popular” que ofrece nuevos ángulos de abordaje al campo de los estudios de la comunicación política, más allá de sus términos más clásicos.

Siguiendo esta lógica, el objetivo de este trabajo es analizar comparativamente y en cuanto a las representaciones (Hall 1997), a través de posts extraídos de Twitter, dos experiencias recientes que involucran a la sociedad civil latinoamericana, con miras a evaluar iniciativas de comunicación política que provienen del “público” en la región. El primer caso se relaciona con la ola de protestas en Chile, entre 2019 y 2020, que derivó en reformas sustanciales por parte del gobierno de Sebastián Piñera, entre ellas, la Constitución del país. El otro caso considera las manifestaciones populares que rodearon la renuncia de Evo Morales, en 2019, y que fueron seguidas del regreso del MAS al poder con la elección de Luis Arce, en 2020.

Los dos episodios transcurren en contextos distintos de turbulencia política, pero partiendo del mismo marco de la crisis democrática en la región (Latinobarómetro 2018). Por un lado, un país de orientación liberal encabezado por un empresario de centroderecha, acorralado por las críticas a sus políticas de austeridad económica. En la otra punta del espectro del continente, una nación de amplia mayoría indígena encabezada por un exagricultor de izquierda que cayó en desgracia por oponerse a un referéndum popular, que le impedía postularse para un cuarto mandato presidencial. Entre ambos, una inmensa multitud de voces que claman por cambios y por más justicia social.

Más específicamente, esta investigación busca comprender, en términos sus de representaciones: ¿de quiénes son las voces del público en los casos analizados? ¿Qué expresan sus mensajes? ¿Y a través de qué medios materializan sus demandas? De manera un poco más amplia, también propone:

A partir de esa propuesta, el trabajo se organiza en cuatro secciones. En la primera, se destacan los esfuerzos de revisión que se vienen realizando en el campo de la comunicación política en cuanto a sus paradigmas fundacionales. A continuación, se avanza con una propuesta metodológica de carácter más cualitativo e interpretativo, que busca abordar los estudios comparados con énfasis en el público. En la tercera sección se examinan, según sus representaciones, los dos casos de iniciativas de comunicación política provenientes del público, en Chile y Bolivia, a través de Twitter, como parte de las protestas iniciadas por la sociedad civil latinoamericana, a finales de 2020. En la última sección, a modo de consideraciones finales, se evalúan posibles similitudes y diferencias con respecto a las realidades examinadas.

Las discusiones en torno a una revisión crítica de las premisas (epistémicas) del campo de la comunicación política -y, en cierto modo, ratificadas por la literatura del área- no son nuevas. En este sentido, las ideas que aquí se presentan se alinean, en cierta medida, con los esfuerzos que se están realizando (Brants y Voltmer 2011; Barnhurst 2011; Henn, Jandura y Vowe 2015; Blumler y Coleman 2017) hacia una reevaluación y actualización de algunos supuestos básicos del campo. Como parte de estas contribuciones y observaciones, los autores en cuestión destacan la “necesidad de repensar la comunicación política” (Brants y Voltmer 2011), dada la “opacidad conceptual” (Henn, Jandura y Vowe 2015) del área y el “desuso” (Blumler y Coleman 2017) de su objeto de atención analítica, lo que, como sugieren tales lecturas, parece señalar la urgencia de un cambio “hacia otro paradigma” (Barnhurst 2011).

En cierto modo, esta es también la orientación que ha seguido este autor en otros trabajos (Leo 2019; 2020). En ellos se desarrolla una reflexión menos condicionada por una racionalidad positivista (basada en relaciones de causalidad) y que busca superar la lógica de efectos de la comunicación y la política en la vida en sociedad, para privilegiar la comprensión de cómo dichos fenómenos afectan y son afectados por las dinámicas sociales. Para reforzar este propósito, se adopta un enfoque metodológico más cualitativo e interpretativo (Denzin y Lincoln 2018), que no se restringe a la dimensión de las estructuras y los procesos, sino que, sobre todo, busca enfatizar las prácticas (es decir, la comunicación política per se), para que el público también pueda percibirse como un agente eficaz e importante en las iniciativas de comunicación política.

Por lo tanto, no se avanza aquí en una crítica a la epistemología dominante del área, sino en posibilidades de análisis que amplían la diversidad teórica, conceptual y metodológica del campo. Como parte de esta incitativa, se opta por un enfoque más pragmático, que profundice aspectos tangibles de las complejas interacciones entre los actores de la comunicación política (Bennett y Pfetsch 2018), en un presente marcado por la concurrencia de cambios importantes y trascendentales, de la cultura política a la infraestructura de las comunicaciones.

En tal sentido, la contribución aquí propuesta parte del entendimiento de que se está consolidando un entorno mediático más híbrido (Chadwick 2013) y potencialmente más disruptivo (Bennett y Pfetsch 2018). Un contexto que favorece transformaciones en las esferas públicas hacia más disonancia, desconexión y ruido (Pfetsch 2020). Estos cambios ocurren en medio de una etapa de democracia posmoderna en la que la política ha sido puesta a prueba de todas las formas posibles, generando incertidumbre y dando al campo de la comunicación política un aire de “Babel contemporánea” (Brants y Voltmer 2011: 1). De ahí se deriva la urgencia de un “empirismo holístico” (Blumler 2011: 19) fundamentado en perspectivas de análisis más “interdependientes”, que permitan diferentes comprensiones de las prácticas de comunicación política, en un contexto de mayor mediatización y descentralización.

Daniel Hallin y Paolo Mancini (2004) abordan estas preocupaciones de ampliar los horizontes teóricos a través de relecturas del concepto de sistema, tan esencial para la comprensión de los niveles “macroanalítico” (referente a la cultura) y “mesoanalítico” (referente a las formas de organización e institucionalización), de acuerdo con la propuesta de Jay Blumler y Michael Gurevitch (1995), en su clásico framework para un análisis comparativo de los “sistemas de comunicación política”.

Daniel Hallin (2004), por ejemplo, reconoce que los estudios existentes sobre medios de comunicación son confrontados por el ritmo acelerado del cambio en los sistemas mediáticos, por su creciente nivel de complejidad y fluidez. Subraya, sin embargo, que el concepto de sistemas (“un conjunto de elementos interrelacionados”) sigue siendo relevante para la investigación comparada, en gran medida porque posibilita la comprensión de una continuidad de cambios y desarrollos que alcanzan a los sistemas mediáticos desde sus orígenes. Por eso, es necesario profundizar los esfuerzos de conceptualización y para desarrollar nuevas metodologías de investigación sobre los fenómenos en curso en cuanto a sus transformaciones aceleradas.

Alineado con esas preocupaciones, Paolo Mancini (2011) dirige su reflexión a los sistemas de medios de comunicación en la era digital, buscando reconciliar las prerrogativas de análisis de Comparing media systems (2004) con un nuevo contexto de digitalización y desinstitucionalización, que confiere al entorno político y mediático una mayor volatilidad y heterogeneidad, tanto en términos de representatividad como de las acciones de los agentes que los constituyen. En particular, el autor señala la importancia de que la investigación pase de las instituciones - estados y organizaciones políticas y mediáticas- a un campo de investigación más amplio y disperso, en el que los ciudadanos aparecen desempeñando roles más activos, ya sea como productores de información o como agentes políticos, a través de sus iniciativas multifacéticas.

Estas observaciones indican que existe un movimiento en curso, también en la literatura del área, hacia nuevos ángulos de lectura para la coyuntura actual de la comunicación política como campo del conocimiento. Esto parece reforzar la importancia de trasladar la atención al nivel “microanalítico” (es decir, de la relación entre los actores) como una forma más precisa de investigar las prácticas comunicativas de naturaleza política, sin dejar de reconocer la pertinencia de los aportes provenientes de las vertientes más consolidadas del campo.

En otras palabras, pero siempre en la línea de las referencias anteriores, la intención de este artículo es examinar “los roles más activos” que los ciudadanos pueden estar desempeñando en la vida política, “a través de los diferentes instrumentos que ofrece la comunicación digital” (Mancini 2020: 5768). En vista del surgimiento de esferas públicas “más plurales”, es necesario considerar que los flujos de comunicación política ya no están “bajo el control de los periodistas profesionales y los medios tradicionales a través de sus interacciones con las élites políticas” (Pfetsch 2020: 103). Al contrario: hay una multiplicidad de “nuevos actores” que participan en el debate público, lo que configura una “ecología” de personajes y formas de representación exponencial.

En cierta medida, es posible ir más allá de la observación de que “el público se ha vuelto más fragmentado” (Hallin 2011: 5781) -es decir, como audiencia-, lo que llevaría a orientar la producción de noticias y mensajes políticos hacia segmentos cada vez más específicos. La transformación es mucho más acentuada: el público pasó a protagonizar ciertas dinámicas prácticas de la comunicación política. No se trata solo de “tener voz”, sino de las iniciativas reales desencadenadas por la potencia (de actuar). En este contexto, la fuerza de la diversidad da un nuevo matiz a las “tipologías” tradicionales del área. Conviven en medio de los legacy media”, los “news media”, los periodistas profesionales, los partidos y políticos convencionales, todo tipo de nomenclaturas que pretenden abarcar la pluralidad de “nuevos actores” (es decir, más periféricos a los, por convención, reconocidos como principales) provenientes del público: desde individuos de la sociedad civil que son agentes de sus propias causas (como periodistas ciudadanos, activistas de redes, influencers, blogueros, personas sin conocimientos específicos que se pronuncian públicamente sobre cualquier tema, entre un sinfín de posibilidades) hasta formaciones colectivas con identidad pública (minipúblicos, contrapúblicos, movimientos sociales, comunidades cívicas, entre numerosas variantes existentes).

A partir de ese recorte teórico y conceptual, avanzamos hacia la propuesta de abordaje metodológico que determinará el tratamiento analítico del objeto más concreto de esta investigación: las representaciones (Hall 1997) de iniciativas de comunicación política derivadas de la sociedad civil en América Latina, por medio de un análisis comparado (a través de Twitter) de dos casos específicos:

Los estudios comparados tienen una larga tradición. Atraviesan las más variadas disciplinas y campos del conocimiento. En la comunicación política, conforman una línea de investigación bien consolidada (Blumler y Gurevitch 1975; 1995; 2004; Hallin y Mancini 2004; 2011; Esser y Pfetsch 2004; 2016; Norris 2009; Canel y Voltmer 2014; Zielonka 2015). Como sostienen algunos de estos autores, la comparación pretende alinear un amplio conjunto de factores que permitan una mejor comprensión de las circunstancias que caracterizan a las sociedades. Sin embargo, esta no es una línea de abordaje simple.

En el contexto de la comunicación política, se necesita lidiar con una naturaleza cada vez más compleja de las democracias contemporáneas en sus relaciones con los medios de comunicación, lo que significa, por extensión, el involucramiento de agentes del mundo político con agentes del universo mediático, así como, y no menos importante, las propias transformaciones tecnológicas y de la ciudadanía, como ya se destacó.

En su contribución a la discusión, Jay Blumler y Michael Gurevitch (1995) defienden la adopción de la perspectiva de investigación comparada, señalando algunas ventajas para el campo de los estudios de la comunicación política:

A pesar de los innegables avances experimentados por los estudios comparados, es posible (y necesario) enfrentar algunos “límites” en cuanto a la relación entre comunicación y política, como ha sido discutido por ciertas lecturas revisionistas ya destacadas en este trabajo. Entre ellos, el conjunto de herramientas y procedimientos metodológicos utilizados en la investigación de iniciativas de comunicación política oriundas del público, objeto de interés más específico aquí.

De manera general, como pondera Pippa Norris (2009), a pesar de la importancia de las variables de análisis utilizadas, lo que prevalece en el campo de la investigación comparada en comunicación política es una razón funcionalista que orienta la reflexión de los autores. El enfoque en las relaciones causales (y la búsqueda de explicaciones objetivas para los fenómenos examinados) conduce a estrategias analíticas más orientadas a deducir los efectos potenciales de las interacciones entre medios y política (en su sentido horizontal), que los de estas últimas con el público (en su sentido vertical).

El resultado de esto son métodos de investigación centrados en la comparación de factores de nivel macro y meso (estructuras y procesos), a partir de variables e indicadores de análisis asociados a las iniciativas de las instituciones políticas y mediáticas, en sus esfuerzos por difundir y procesar información e ideas de y para los ciudadanos (Blumler y Gurevitch 1995: 12-13). Estos esfuerzos metodológicos también se caracterizan por la prevalencia de un conjunto de criterios normativos más acordes con la realidad del hemisferio Norte (Occidental) y el énfasis en la objetividad, lo que resulta en investigaciones más fundamentadas en los aspectos cuantitativos de los fenómenos investigados.

Naturalmente, las ponderaciones a los patrones metodológicos aquí mencionados no restan importancia a los resultados alcanzados por las investigaciones comparadas en el campo de la comunicación política. Lo que se busca aquí, sin embargo, es un tipo abordaje diferente. En primer lugar, el foco de la investigación está en el “público”, como agente de las iniciativas de comunicación política. A partir del público, el interés se orienta hacia los aspectos subjetivos contenidos en las manifestaciones comunicativas provenientes de los ciudadanos, según las circunstancias coyunturales en las que se producen dichas prácticas.

En este sentido, el análisis tiene una finalidad interpretativa basada en el señalamiento previo de aspectos contextuales que contribuyen a la ocurrencia de los mensajes generados en el contexto de los casos ya indicados:

Además de ser interpretativo, el enfoque también dialoga con una perspectiva cultural del fenómeno comunicacional (Carey 1992), articulada a la noción de representación (Hall 1997), según la cual el significado se construye y transmite a través del lenguaje, las imágenes y los símbolos. De esta forma, emplea la netnografía (Kozinets 2014) para proponer un análisis descriptivo de las iniciativas de comunicación política, en el entorno digital observado, tratando tales manifestaciones no precisamente como contenidos o discursos, sino como formas de interacción social.

En sentido más específico, la perspectiva metodológica propuesta anteriormente privilegia la dimensión cualitativa de los datos analizados, de modo que la “voz de los sujetos”, a través de los mensajes seleccionados, pueda percibirse según “se expresan con sus propias palabras” (Salgado y Stanyer 2019: 17). Siguiendo esta orientación (y con el fin de resaltar las acciones comunicativas encontradas), el análisis se desarrolla según la incidencia de los individuos y temas más destacados.

Los mensajes fueron tomados de Twitter, una plataforma tecnológica que permite alcanzar, con relativa practicidad, un conjunto de iniciativas de comunicación de “personas comunes”, en el contexto de situaciones concretas de la realidad.

Para obtener las publicaciones de Twitter se utilizó ePOCS Twitter Crawler (eTC), una aplicación desarrollada por el Laboratorio de Opinión Pública, Comunicación Política y Medios Digitales, de la PUC-Rio, que recopila datos de la URL de resultados de la búsqueda avanzada de Twitter y los presenta en planillas.

Los posts se extrajeron de dos momentos más intensos (de repercusión social) de ambos casos examinados. La semana del 20 al 26 de octubre de 2019, en el caso chileno; y la semana del 10 al 16 de noviembre, en el caso boliviano. Según el estudio histórico (de 2014 a 2021) realizado a través de la herramienta Trendsmap (https://www.trendsmap.com/), es en estos intervalos de tiempo cuando los asuntos y/o hashtags (genéricos) #chile y #bolivia, respectivamente, alcanzan su máxima repercusión mundial a través de Twitter.

Una vez definidos estos recortes temporales, el próximo paso fue identificar los hashtags específicos que alcanzaron mayor repercusión pública en los contextos de los hechos de ese momento, lo cual se hizo a través de la herramienta Get Day Trends (https://get-daytrends.com/). En el caso chileno, algunas de las variaciones de hashtags que se dieron en el periodo (del 20 al 26 de octubre de 2019) fueron: #ChileDesperto, #PiñeraRenuncia, #LaMarchaMasGrandeDe-Chile, #EstoNoHaTerminado y #EstoPasaEnChile, siendo este último el de mayor número de publicaciones, el 22 de octubre, con más de 620 mil ocurrencias. En el caso boliviano se destacan los siguientes (del 10 al 16 de octubre de 2019): #EvoElMundoEstaContigo, #EvoNoEstasSolo, #RespaldoTotalAEvo, #BoliviaNoHayGolpe y #EvoEsElPresidente, siendo este último el de mayor número de publicaciones, el 14 de noviembre, con más de 250 mil ocurrencias.

Dados los límites que impone un artículo y, más aún, considerando que no se trata de una investigación que tiene como finalidad realizar un inventario completo, detallado y exhaustivo del conjunto de mensajes (ni de sus contenidos ni de la naturaleza de sus discursos) que atravesaron los ambientes regionales aquí considerados, el análisis se centró en la representación de dos hashtags con más repercusión (y antes destacados, en los respectivos periodos históricos en que ocurrieron los hechos examinados).

Los datos obtenidos se presentan a la luz de un contexto más amplio de referencias y aspectos que constituyen las realidades nacionales en cuestión y que, de alguna manera, contribuyeron al desarrollo de las protestas. Por lo tanto, desde una perspectiva pragmática (Dewey 2012), culturalista y representacional (Hall 1997), la coyuntura se entiende y se observa aquí como algo propenso a afectar (en la medida en que informa) a los ciudadanos usuarios de Twitter en el desempeño de sus iniciativas, en términos de comunicación política, en los episodios en discusión.

En tal sentido, en ambos casos se buscó identificar, en términos de representación:

La América Andina abarca una porción territorial de América del Sur con más de 5 millones de kilómetros cuadrados, que se extiende de norte a sur del continente, a lo largo de su costa occidental, a través de una línea de cadenas montañosas que va de Venezuela a la Patagonia, con aproximadamente 8 mil kilómetros de longitud. Tiene una población de alrededor de 200 millones de personas y atraviesa los territorios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de compartir una frontera con Argentina, en su parte sur. Su nombre se debe a la Cordillera de los Andes, formación geológica de unos 85 millones de años y que es la cadena montañosa más extensa del mundo, alcanzando, en sus tramos más anchos, 160 km (del extremo este al oeste) y una altitud promedio de 4000 metros, siendo el punto más alto el cerro Aconcagua, con casi 7.000 metros.

En la región central de los Andes, la formación tiene un ensanchamiento natural que da lugar a una meseta elevada conocida como Altiplano, compartido por Perú, Bolivia y Chile. De esta zona de confluencia geográfica, determinada por la naturaleza, emergen dos realidades nacionales marcadas por más diferencias que similitudes, que sirven de contexto más amplio para los fines de esta investigación.

Chile se caracteriza por ser una sociedad relativamente distinta, incluso para los estándares latinoamericanos. Con una población de aproximadamente 20 millones de habitantes, cuenta con una infraestructura y una situación económica consideradas sólidas para los estándares de la región. Como resultado de esta situación, goza de buenos índices, como el nivel de desarrollo humano, de calidad de vida, además de un bajo índice de pobreza, en comparación con los países vecinos (CEPAL, 2021).

La república se proclamó en 1818 y se mantuvo relativamente estable hasta mediados del siglo XX, tiempo durante el cual estuvo bajo el control de las élites económicas locales, con elecciones periódicas y la formación de gobiernos predominantemente compuestos por representantes de las oligarquías conservadoras. En la década de 1960, la hegemonía conservadora se vio desafiada por el surgimiento de fuerzas políticas progresistas, lo que desencadenó las condiciones que llevaron a un golpe de estado comandado por una junta militar, encabezada por Augusto Pinochet. El régimen autoritario se instaló en 1973 y duró 17 años (Drake 2021).

El proceso de redemocratización comenzó en la década de 1990 y en los siguientes 20 años, la Concertación (Coalición de Partidos por la Democracia) logró elegir sucesivos presidentes de centroizquierda para gobernar el país. En 2010, los chilenos eligieron a Sebastián Piñera, un empresario de las comunicaciones, como su primer líder de derecha posterior a la dictadura, derrotando al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Cumplió un primer mandato de cuatro años (2010-2014) a continuación del gobierno de Michele Bachelet, quien regresó a la presidencia para un nuevo cuatrienio (2014-2018). Comenzó un segundo mandato en 2018, ganando la segunda vuelta de las elecciones de 2017.

En octubre de 2019, una serie de protestas civiles ocuparon las calles de varias ciudades chilenas. Con su punto de irradiación en la capital, Santiago, la iniciativa se fortaleció a partir de una campaña coordinada por estudiantes de secundaria, quienes se negaron a pagar los pasajes del metro de la ciudad en protesta por los aumentos de precios. Lo que comenzó como una manifestación localizada pronto se extendió, dando lugar a enfrentamientos abiertos con los carabineros, la policía nacional de Chile.

En el punto álgido de la crisis, el 18 de octubre de ese año, grupos de manifestantes organizados se rebelaron por toda la capital chilena, tomando varios puntos de acceso a la red de metro, dañando equipos e impidiendo su funcionamiento. A raíz de los episodios, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró el estado de emergencia y envió al Ejército a los lugares de protesta para restaurar el orden y reprimir la destrucción de bienes públicos. Al mismo tiempo, invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los detenidos.

Al término del día 19, las provincias de Santiago y Chacabuco y los municipios de Puente Alto y San Bernardo fueron sometidos a toque de queda, algo que no se veía en Chile desde 1987, cuando estaba bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Con el paso de los días, los disturbios aumentaron en varias otras regiones, lo que provocó que el estado de emergencia se extendiera a prácticamente todo el país.

A pesar de la violencia de las fuerzas militares, que provocó decenas de muertos y heridos, el ánimo de los manifestantes no se enfrió en los meses siguientes, hubo más destrucción, seguida de huelgas y, finalmente, grandes pérdidas para la economía del país. Bajo presión, Sebastián Piñera anunció una serie de medidas, en respuesta a las manifestaciones, dando forma a una “Nueva Agenda Social”, con propuestas encaminadas a reformas en la economía, la salud, la seguridad y, finalmente, la convocatoria a un Plebiscito Nacional para la reforma de la Constitución, que fue aprobado el 25 de octubre de 2020, por casi el 80% de la población.

La magnitud del evento lo ha convertido en uno de los mayores episodios de “agitación civil” en América Latina desde finales de la década de 1980, cuando se produjeron las movilizaciones por el fin de las dictaduras militares entonces vigentes en la región. Las protestas recibieron diferentes nombres a lo largo del período: “Santiagazo”, “Revolución de los 30 pesos”, “Chile despertó”, “Estallido social” y “La Primavera de Chile”, entre otros. Y tuvo como una de sus principales características la ausencia de líderes más específicos, además de una adhesión masiva de la sociedad chilena, desde las clases sociales más bajas hasta las clases media y alta (Labarca et al 2019).

Según César Jiménez-Yañez (2020), las circunstancias que propiciaron el surgimiento de la grave crisis política y social en los últimos meses de 2019 se debieron, en gran medida, al agotamiento de un modelo económico que se implantó en la dictadura, se aceptó en la transición y se validó en democracia. El “despertar de Chile”, o su estallido social, no fue desencadenado por un aumento de 30 pesos en el precio de los pasajes del metro en la capital, sino por 30 años de desgaste de un sistema cuyas presiones y demandas la población ya no aguantaba más.

En este sentido, además del carácter organizado de las entidades colectivas nacionales (Ramírez y Bravo 2014; Sotomayor 2019), dentro de un contexto eminente de los movimientos sociales en el continente (Cardoso 1987; Gohn 2008; Gimenez 2015), la explosión de la “primavera chilena” también contiene ingredientes del estallido de una cierta “rabia colectiva espontánea” (Ferreira y Rodríguez 2020). El episodio llevó a millones de personas a las calles del país para manifestar su disconformidad con la política y los programas gubernamentales que atentaron contra las condiciones de vida, tanto de las clases sociales más vulnerables como de los estratos medios de la población.

En ese contexto de efervescencia social, los recursos tecnológicos instalados en el país tuvieron un papel destacado en el desarrollo de los acontecimientos. Según datos de Hootsuit/We Are Social, a inicios de 2020 había en Chile cerca de 16 millones de internautas (una penetración equivalente al 82% de la población), con cerca de 15 millones de usuarios de redes sociales (79% de penetración) y 26 millones de conexiones móviles (equivalente al 138% de la población total). En este escenario, Twitter llegó a cerca de 2,5 millones de usuarios, entre los que (actualmente) se destacan los perfiles de un youtuber (@GermanGarmendia, 12 millones de seguidores), un futbolista (@kingarturo23, 5 millones de seguidores) y el presidente del país (@ sebastianpinera, 2,5 millones de seguidores).

Teniendo en cuenta el enfoque en el “público” y los aspectos subjetivos contenidos en sus iniciativas de comunicación política en el contexto de las manifestaciones populares en América Latina, este trabajo buscó ofrecer un análisis comparativo, con énfasis en la dimensión representacional de los mensajes generados durante la ola de protestas en Chile, entre 2019 y 2020, que culminó con las reformas del gobierno de Sebastián Piñera; y los relacionados con las manifestaciones populares en Bolivia, en 2019, que rodearon la renuncia de Evo Morales y, en cierto modo, el regreso del MAS al poder con la elección de Luis Arce, en 2020.

Impulsado por un propósito interpretativo y cualitativo, el estudio dialoga con una perspectiva cultural del fenómeno comunicacional (Carey 1992) y se articula con la noción de representación (Hall 1997), según la cual los significados se construyen y negocian a través de textos culturales y moldeados por contextos, formados por una variedad de factores sociales y culturales - con efectos reales en las prácticas cotidianas

En términos metodológicos, utiliza la netnografía (Kozinets 2014) para proponer un análisis descriptivo de las iniciativas de comunicación política, en los entornos digitales observados, tratando el conjunto de mensajes recogidos no precisamente como contenidos o discursos per se, sino como representaciones de las formas de interacción social que emergen de los contextos sociales examinados.

Los resultados obtenidos al observar los mensajes recopilados de Twitter, que abarcan los períodos en los que se produjeron los episodios de crisis que dieron lugar a manifestaciones populares en Chile y Bolivia, son relativamente más similares que diferentes entre sí. Así, de las iniciativas de comunicación del público a través de Twitter, lo que se puede destacar desde una perspectiva comparada es lo siguiente:

En vista de esta sistematización, entendemos que el marco de referencia indicado permite realizar algunas consideraciones más generales, en lugar de llegar a conclusiones definitivas.

Primero, el objetivo de esta investigación fue, inicialmente, explorar nuevas posibilidades para observar los fenómenos de la comunicación política per se, y a la luz de una revisión de las tradiciones de los estudios de comunicación política y su vertiente comparada.

En tal sentido, el segundo paso fue realizar un abordaje empírico de las iniciativas de comunicación, en el ámbito público, en un contexto de movilizaciones populares, para percibir la dinámica de su participación en el proceso, a través de Twitter.

Por lo tanto, dadas las complejidades inherentes a una investigación de lo público como dimensión analítica, el esfuerzo aquí realizado no se orienta preferentemente al análisis de los datos (es decir, los mensajes) como contenidos o discursos, sino como formas de representación de las iniciativas de comunicación política de los ciudadanos, en contextos de manifestaciones. A partir de los resultados alcanzados, no hay la pretensión de extraer de estos una comprensión integral o exhaustiva de la situación examinada y mucho menos extrapolar las observaciones a otras realidades nacionales.

No obstante, en sentido amplio, se trata mucho más de un intento de instrumentalizar formas de estudiar el fenómeno de la comunicación política en términos de sus prácticas que de reproducir los parámetros de investigación predominantes en el campo.

En un contexto de rápidas y urgentes transformaciones (culturales, sociales, políticas, económicas y tecnológicas), es cada vez más evidente el surgimiento del público como agente activo en las discusiones que involucran a la política.

Por eso, es necesario profundizar en la percepción de los roles que desempeñan los ciudadanos en esferas públicas cada vez más disonantes, potencialmente más desconectadas y asociadas a un contexto de crisis democrática e hibridez mediática.

Finalmente, tan significativo como examinar las prácticas de comunicación política a partir de iniciativas del público es asociar estos esfuerzos de investigación con realidades regionales más periféricas, incorporando métodos de análisis de sesgo más cualitativo e interpretativo, en los que los contextos de las realidades informan las posibilidades de comprensión del marco más específico de los resultados logrados.