Venezuela y la (des)integración de América Latina y el Caribe: dimensiones geopolíticas de una crisis internacionalizada

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999 modificó sustancialmente la política interna y externa del país sudamericano (Briceño-Ruiz, 2022). A nivel doméstico, el primer acto de Chávez como presidente fue ordenar un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente, lo cual permitió aprobar la llamada Constitución Bolivariana que establecería la base institucional existente en Venezuela. Asimismo, la transformación social emprendida a nivel interno por el mandatario venezolano tenía la intención de ser replicada en la escena internacional. Los Estados revolucionarios, como señala Briceño (2015), plantean realizar a escala global las transformaciones políticas y económicas llevadas a cabo en el ámbito nacional. En este sentido, las reformas (geo)políticas y geo(económicas) de la llamada ‘Revolución Bolivariana’ obedecían una lógica interméstica, haciendo del proyecto bolivariano un asunto profunda e inseparablemente tanto doméstico como internacional (Manning, 1977). Un ejemplo de esto fue que la propuesta de democracia participativa impulsada por el gobierno de Chávez fuera adoptada en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como una alternativa a la tradicional democracia representativa (Briceño 2015).

Entre las grandes transformaciones del proyecto bolivariano, la política de integración regional experimentó cambios significativos con respecto a gobiernos anteriores.ⁱⁱ El gobierno de Chávez introdujo una interpretación holística de la integración para que esta no se limitara solo al aspecto económico-comercial, sino que también contemplara la integración política, cultural y social de América Latina y el Caribe (Martínez, 2011). La dimensión política de la integración defendida por Chávez implicaba “convertir a la integración en un mecanismo para trasformar el orden unipolar, desarrollar una práctica anti-imperialista, y por lo tanto, provocar una ruptura con orden del sistema internacional vigente” (Briceño, 2015, p. 174).

En este sentido, invocando el sueño bolivariano y la política de identidad trasnacional basada en la meta-narrativa de solidaridad “Nuestramericana” (Wajner y Roniger, 2019), el interés del gobierno de Chávez estaba puesto en la consolidación e instrumentación de una identidad común latinoamericana como mecanismo para la búsqueda de oportunidades de crecimiento y desarrollo, y la transformación del mundo para que éste fuera cada vez más multipolar y antiimperialista. Bajo esta lógica, con el apoyo del gobierno cubano, Venezuela lideraría una nueva organización regional, el ALBA, que reflejaría el doble eje antimperialista (Tulchin, 2016) y pan-latinoamericano de la política integracionista venezolana (Dodson y Dorraj, 2008).

A tal efecto, el ALBA se constituyó como un modelo de integración social, política y económica de América Latina y el Caribe con el objetivo central de preservar la autonomía e identidad regional, luchar contra la pobreza y la exclusión social, y lograr la integración energética, comunicacional y militar de la región (Martínez, 2011). En estos términos, el ALBA, creada oficialmente en 2004, se propuso como una plataforma de integración alternativa, post-hegemónica y latinoamericanista dirigida a contrarrestar la influencia de Estados Unidos y el neopanamericanismo multilateralista (Rocha, 2012) representado por el Área del Libre Comercio de las Américas (ALCA). Por tanto, la Alianza Bolivariana se convierte en un nuevo eje de la integración regional latinoamericana que busca diferenciarse de las experiencias del denominado regionalismo abierto de la década de 1990 (Briceño, 2015).

El ALBA, a pesar de no tener un impacto significativo en el crecimiento de la economía venezolana, ni en la diversificación de sus exportaciones, representó un claro ejemplo de la capacidad de Venezuela para influir y encabezar iniciativas de integración regional (Preciado y Uc, 2014). Pese a ello, cabe destacar que los ingresos provenientes del petróleo venezolano jugaron un papel importante en la creación y mantenimiento del bloque regional, ya que Venezuela se convirtió en su principal soporte financiero (Martínez, 2011). Al respecto, Briceño (2015) sostiene que subordinar el ALBA a una especie de rentismo internacional por parte de Venezuela sería una de las mayores debilidades del esquema regional. De acuerdo con Morales (2019) las enormes ganancias petroleras de Venezuela, especialmente en su momento de auge entre 2003 y 2008, se convirtieron en un incentivo adicional para firmar acuerdos con el gobierno chavista y formar parte de las iniciativas bolivarianas de cooperación.

Con los beneficios de un rápido aumento del precio del crudo, Chávez se acercó a los países de la región con la promesa de un petróleo accesible y un proyecto bolivariano para construir una América Latina más justa y autónoma (Tulchin, 2016). En este tenor, el petróleo venezolano, además de representar su principal fuente de ingresos, también desempeñó el papel de herramienta geopolítica (Preciado y Uc, 2014) mediante la cual Venezuela podía posicionarse como una potencia regional emergente. Petrocaribe, un mecanismo institucional para vender petróleo a precios especiales, es un claro ejemplo de la utilización de la petro-diplomacia para obtener apoyo político más allá de las fronteras nacionales, ampliar la influencia ideológica de Venezuela hacia los países vecinos, y generar una resonancia discursiva del proyecto bolivariano a escala regional (Wajner y Roniger, 2019).

Al respecto, Briceño-Ruiz (2022) sostiene que la petro-diplomacia o diplomacia del petróleo fue la herramienta central para implementar el llamado soft balancingⁱⁱⁱ o equilibrio blando. En este sentido, la creación del ALBA bajo el liderazgo venezolano constituye un ejemplo de soft balancing en el cual un grupo de Estados periféricos que percibía a Estados Unidos como una amenaza creó un acuerdo regional alternativo que excluía a la hegemonía estadounidense y sus pretensiones panamericanistas (Levick y Schulz, 2020). Briceño-Ruiz (2022) señala que el soft balancing de la petro-diplomacia venezolana tenía dos dimensiones: 1) la global, cuyo propósito era restablecer la influencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); y 2) la regional, mediante la cual Venezuela envió petróleo a precios preferenciales a Centroamérica y al Caribe, pagó bonos de deuda externa de Argentina y Ecuador, invirtió en una refinería de petróleo en Brasil y en el sector del gas en Bolivia, e incrementó su comercio con Cuba (Morales, 2019).

Sin embargo, la política de integración regional y la petro-diplomacia del gobierno de Hugo Chávez se basaron en dos premisas que eventualmente revelarían su fragilidad: 1) que la demanda global de petróleo continuaría creciendo; y 2) que los precios de los hidrocarburos se mantendrían elevados (Calderón y Castells, 2019). La ralentización del crecimiento chino durante el primer lustro de la década de 2010 produjo una caída en los precios de los commodities y las economías de la región, dependientes de las exportaciones del sector extractivo, mostraron su vulnerabilidad ante las fluctuaciones de la economía global (Calderón y Castells, 2019). Ante este contexto, Nicolás Maduro, elegido presidente de Venezuela en 2013, heredó un país con una situación económica y social deteriorada después de casi una década de grandes mejoras (Mori, 2020). Anderson (2019) apunta que, si bien la economía del país colapsó al caer el precio de los hidrocarburos, la corrupción y la mala administración empeoraron las cosas. En el siguiente apartado se estudian las claves del colapso económico y la crisis sociopolítica que enfrentó Venezuela durante los primeros años del gobierno de Nicolás Maduro (2013-2016).

Cuando el precio del petróleo se desplomó en 2014, Nicolás Maduro, tras un año en el cargo, descubrió que las pretensiones internacionales del ALBA y de Petrocaribe eran imposibles de sostener (Tulchin, 2016). La economía había entrado en recesión, la inflación se había disparado hasta el 60% y la caída del precio del petróleo había recortado profundamente los recursos públicos y las importaciones (Mori, 2020); Venezuela enfrentaba las consecuencias de perder su principal ingreso y el acceso a los mercados de crédito internacionales, lo que dejó al país con un endeudamiento excesivo (Naím y Toro, 2019).

Ante esta caótica situación, surgen algunas interrogantes: ¿la caída del precio del crudo es la principal causa del colapso económico de Venezuela?, ¿el chavismo y su modelo de desarrollo llevaron a Venezuela hacia una crisis inevitable desde su ascenso al poder a finales de la década de 1990?, ¿la crisis en Venezuela es la máxima expresión de la crisis que enfrenta la región en su conjunto? Solo a través del estudio holístico de las claves de la crisis que enfrenta el país sudamericano se puede intentar dar respuesta a estas preguntas.

La discusión académica en torno a la situación que enfrenta Venezuela suele centrarse en factores como el chavismo, el modelo de desarrollo o la debilidad institucional y la fragilidad democrática. Calderón y Castells (2019), en cambio, desde un enfoque regional, sugieren que América Latina ha experimentado un proceso de transformación como resultado de tres crisis conectadas: 1) la crisis del neoliberalismo que agudizó las desigualdades; 2) la crisis del neodesarrollismo que exacerbó el estatismo y la corrupción; y 3) la crisis de legitimidad política e institucional como resultado del fracaso de ambos modelos de desarrollo. Partiendo de esta premisa, se puede inferir que Venezuela es la máxima expresión de una transformación general que atraviesa la región, acentuada en el país sudamericano tanto por sus estructuras socioeconómicas, como por su cultura política y su relación con el sistema global.

Naim y Toro (2019, p. 25), en lo que podría considerarse una referencia a la crisis del neoliberalismo que llevó a Hugo Chávez a la presidencia, sostienen que, “aunque la crisis antecede al ascenso de Chávez al poder, cualquier intento de explicarla remite inexorablemente al legado chavista y a la influencia de Cuba”. Es decir, si bien en 1999 casi la mitad de la población venezolana vivía en la pobreza (Mori, 2020), el chavismo, en su calidad de proyecto político y régimen, es considerado el responsable de la situación crítica que enfrenta el país en la actualidad. Mori (2020), haciendo un balance del gobierno de Chávez señala que, a pesar de que sus últimos años fueron duros para la economía, su lucha contra la pobreza y por la inclusión de los segmentos más marginados y desfavorecidos fue exitosa al comienzo de su gestión. Mori (2020) atribuye a estas mejoras el apoyo popular que siguen teniendo Maduro en particular y el chavismo en general.

Por otro lado, en lo relativo a la crisis del neodesarrollismo, Gratius y Puente (2019) señalan que la causa principal de la crisis económica de Venezuela no fue la caída en los precios de los hidrocarburos, sino su modelo de desarrollo caracterizado por una “incoherente” política económica, un ambiente de regulación excesiva, expropiaciones y nacionalizaciones sistémicas, y un aumento sustancial del endeudamiento. Mori (2020), haciendo eco de esta afirmación, apunta que los problemas de Venezuela tienen su origen en las decisiones económicas y políticas de varias décadas atrás, pero que solo los errores políticos de la última década (2010-2020) explican en gran medida el grave estado actual del país. Asimismo, en contraste con Naim y Toro (2019), quienes culpan al chavismo de la actual crisis venezolana, Mori (2020) culpa a Hugo Chávez por no haber aprovechado la oportunidad que ofrecían los altos precios del petróleo para diversificar la economía venezolana, depender menos de la exportación de materias primas, y crear las condiciones para un desarrollo sostenible y duradero.

Legler y Nolte (2019), por su parte, ubican el origen de la crisis venezolana en las elecciones presidenciales del 5 de marzo 2013. Para estos académicos, lo que empezó como un conflicto político interno, evolucionó en una crisis multidimensional a gran escala que se volvió parte del tablero mundial. Al respecto, Mori (2020) apunta que los dos primeros años de la presidencia de Nicolás Maduro estuvieron enmarcados por un enfrentamiento frontal entre el gobierno y la oposición, al grado de recurrir a la represión gubernamental de la disidencia y a la detención del líder opositor Leopoldo López en 2014. En 2015, contrario a lo que podría esperarse en un sistema político considerado dictatorial, se celebraron elecciones parlamentarias en las que la oposición, unida bajo el paraguas de la Mesa de la Unidad Democrática, obtuvo el 65% de los escaños, consiguiendo así el control de la Asamblea Nacional, el parlamento de Venezuela (Mori, 2020). Este puede considerarse un punto de inflexión dentro de la crisis política venezolana.

Es en este contexto en el que Anderson (2019) considera que comenzó la crisis política en Venezuela; cuando en 2016, como resultado del referéndum revocatorio lanzado por la Asamblea Nacional controlada por la oposición, el gobierno de Maduro dio un giro autoritario e instaló una Asamblea Nacional Constituyente. Esta legislatura rival compuesta por partidarios del régimen de Maduro desplazaría en la práctica al poder legislativo. Ambos episodios forman parte de un mismo punto de quiebre que puede relacionarse con la crisis de legitimidad política e institucional que atraviesa la región. Sin embargo, en el caso particular de Venezuela, el Estado promotor del desarrollo en el periodo neodesarrollista hizo metamorfosis en un Estado-patrimonial corporativo que propició una corrupción generalizada en el sistema político venezolano (Calderón y Castells, 2019).

Esta tercera crisis, producto del fracaso del neoliberalismo y del neodesarrollismo, marcó el inicio del abandono gradual de la democracia constitucional y la centralización del poder en manos del presidente, avivando la frustración de la oposición e iniciando las masivas manifestaciones en contra del régimen de Maduro casi a diario (Mori, 2020). Se trata entonces de un conflicto interno político y económico que fue derivando en una crisis social. Esta situación, que solo se ha ido agravando con el pasar de los años, ha alcanzado dimensiones geopolíticas regionales e internacionales. A continuación, se analiza la crisis del multilateralismo regional, la creación del Grupo de Lima y la internacionalización de la crisis venezolana.

La crisis venezolana, al menos antes de la pandemia de COVID y el actual conflicto europeo entre Ucrania, la OTAN y Rusia, tuvo un lugar destacado en el tablero de la alta política mundial a lo largo del año 2019. Algunos medios como France24 llegaron al grado de plantearse la posibilidad de una segunda Guerra Fría en función del creciente protagonismo de Rusia y Estados Unidos (Aristia, 2019). Esta crisis, que como bien señala Legler (2019) no se trata de una única crisis sino de una serie de intensas y profundas dificultades, problemas y conflictos que afectan a los venezolanos, ha resonado en toda la región y en el mundo entero.

Empezando por el ámbito regional, y en cierta medida hemisférico, es necesario hablar de la crisis del multilateralismo regional para entender la eventual internacionalización del conflicto venezolano. En 2017, un año antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, existió un deseo por parte de algunos miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) de aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI), la cual afirma como propósito esencial de la OEA el de promover y consolidar la democracia representativa, asumiendo un papel activo en la defensa de la democracia de los países miembros. Irónicamente, la primera vez que la OEA invocó la CDI fue en contra del golpe de Estado que desplazó brevemente a Hugo Chávez del poder en 2002 (Legler y Nolte, 2019). Pese a ello, las diferencias de los mismos países miembros de la OEA obstaculizaron la aplicación de dicha Carta. La división en torno a la situación venezolana dentro de la OEA, así como en otras organizaciones regionales como la UNASUR, el MERCOSUR y la CELAC, demuestra que la crisis en Venezuela y la crisis del multilateralismo regional se han constituido mutuamente (Legler y Nolte, 2019).

Para comprender la crisis del multilateralismo regional es necesario mencionar algunos de los efectos secundarios causados por la migración venezolana y la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas del país bolivariano, ya que estos elementos hacen que la crisis interna se convierta en un problema regional. Por un lado, el flujo migratorio más grande en la historia reciente de América Latina empieza a rebasar la capacidad de absorción de muchos países receptores en áreas como la salud, la educación y el empleo (Gunson y Breda, 2019). Por otro lado, las operaciones criminales en el territorio venezolano, los altos niveles de violencia, la porosidad de la frontera y la expansión de los grupos criminales constituyen un reto de seguridad para la región en su conjunto (Gunson y Breda, 2019).

Sumado a esto, la reconfiguración del mapa político e ideológico latinoamericano como resultado de la relativa crisis política de los gobiernos progresistas de la llamada ‘marea rosa’ (Rocha y Tamayo, 2021) y el “restablecimiento de un conservadurismo neoliberal” (Rocha, 2021, p. 70) con mayor protagonismo en las relaciones internacionales han producido una politización de las organizaciones regionales al grado de estancarlas, como fue el caso de la OEA, o incluso derrumbarlas, como sucedió con la UNASUR en 2018.

El surgimiento del Grupo de Lima (GL) en 2017, como resultado de la parálisis de la OEA, y cuyo objetivo central sería el de evaluar conjuntamente la situación de Venezuela y buscar una solución política a la crisis (Romero, 2020), se encargaría de presionar multilateralmente al régimen de Maduro y hacer que el país sudamericano cobrara mayor relevancia a nivel internacional. Ese mismo año, los cancilleres de los países integrantes del GL pidieron a la ONU involucrarse en la crisis venezolana (Infobae, 2019). El GL desempeñaría un rol de acompañamiento en los proyectos de dialogo y negociación de finales de 2017 y principios de 2018 entre la oposición y el gobierno de Maduro, facilitados en gran medida por el presidente dominicano Danilo Medina y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero (Legler y Nolte, 2019).

Sin embargo, el ya mencionado retorno de la derecha y extrema derecha en países como Colombia y Brasil radicalizaron al GL y endurecieron sus posiciones respecto a la solución del conflicto venezolano. Colombia, por ejemplo, al tratarse del mayor país receptor de migrantes con más de 1.5 millones de venezolanos (Ardila, 2022), sumado a la ideologización de la política exterior colombiana durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), defendió la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) como medida para resolver la crisis en Venezuela (Duarte, 2019). En Brasil, por su parte, un país cuyo signo político incide de manera importante en el pulso de la región, el ascenso del ultraderechista Jair Bolsonaro y su defensa del “aniquilamiento del Bolivarianismo en las Américas” (Gomes y Leal, 2022, p. 35), explican las acciones hostiles hacia Venezuela, sumado a la crisis migratoria y al alineamiento y afinidad ideológica del líder brasileño con el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Para 2018, año de la reelección de Nicolas Maduro, el Grupo de Lima se había radicalizado, lo que dio paso a una mayor visibilidad de los diversos actores internacionales involucrados en la internacionalización de la crisis venezolana. En este sentido, como señalan Legler y Nolte (2019), la paralización de la cooperación regional en torno a la crisis obstaculizó la contención de la situación del país sudamericano en el hemisferio, haciendo que entre 2018 y 2019, la crisis regional alcanzara dimensiones geopolíticas mundiales. Tal como señala Romero (2020, p. 14), la internacionalización es una de las secuelas de la crisis venezolana, “no solo por la presencia mediática del país a nivel global sino también por el creciente papel que las grandes y medianas potencias mundiales juegan en un marco cada día más complejo”.

Ante esta afirmación, es importante señalar que la internacionalización no significa exclusivamente que existen intereses estratégicos y cálculos geopolíticos de actores externos en el país sudamericano. Si ese fuera el caso, cualquier disputa de las grandes potencias en países no centrales sería considerado un conflicto internacionalizado. Al respecto, Hirst, Luján, Romero y Tokatlian (2020) hacen una clara distinción entre ‘intervención’ e ‘internacionalización’. De acuerdo con estos autores, ambos tipos de incidencia externa tienen acciones diferenciadas y conducen a resultados distintos. Además, la intervención corresponde a distintas acciones concebidas por gobiernos, organizaciones multilaterales o actores políticos específicos, mientras que, “la internacionalización traduce una articulación, con variados grados de complejidad, entre factores de afuera -intereses y presiones- y realidades de adentro -institucionales, político-militares, económicas, sociales y culturales-” (Hirst et al., 2020, p. 2).

En 2019, la oposición, el Grupo de Lima, la OEA y Estados Unidos ratificaron su posición sobre el proceso electoral venezolano de mayo de 2018, considerándolo ilegal e ilegítimo, reiterando su apoyo.

En 2019, la oposición, el Grupo de Lima, la OEA y Estados Unidos ratificaron su posición sobre el proceso electoral venezolano de mayo de 2018, considerándolo ilegal e ilegítimo, reiterando su apoyo a la Asamblea Nacional e instando a Maduro para que no asumiera la presidencia el 10 de enero de 2019 (Romero, 2020). Una de las críticas del proceso electoral fue que los principales opositores del régimen estaban en el exilio, en arresto domiciliario o inhabilitados para ejercer la política (Anderson, 2019). Entre el 05 y el 15 de enero del mismo año, la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, planteó la formación de un gobierno de transición, rechazó la toma de protesta de Maduro como presidente de Venezuela considerándola una ‘usurpación’, declaró la ausencia de Maduro del cargo de presidente de Venezuela, y promovió la transferencia de competencias del poder Ejecutivo al poder Legislativo (Romero, 2020). Washington apoyó a la Asamblea Nacional como la autoridad legítima del país y respaldó los intentos de convocar a nuevas elecciones en Venezuela.

El 23 de enero de 2019, Guaidó se proclamó como presidente encargado de Venezuela conforme a la decisión de la sede legislativa de no reconocer el segundo mandato de Maduro. Amparándose en los artículos 233 y 330 de la Constitución de 1999, los cuales establecen que, en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al titular del Legislativo ocupar de forma temporal el poder Ejecutivo y convocar elecciones; Guaidó tomó posesión frente a una multitud que lo apoyaba y aclamaba. Estos hechos desencadenaron una división del tablero político internacional entre aquellos que apoyaban al régimen de Maduro, los que buscaban un diálogo entre el gobierno y la oposición, y los que defendían a Guaidó. Donald Trump fue el primero en reconocer a Guaidó (Malamud y Núñez, 2019). El gobierno de Estados Unidos alentó sus aliados latinoamericanos y europeos a desconocer a Maduro, lo que se tradujo en el reconocimiento de Guaidó por más de cincuenta países; entre ellos, 11 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) reconocieron la legitimidad de Guaidó como presidente encargado de Venezuela (Malamud y Núñez, 2019).

A manera de síntesis, existen tres posiciones internacionales en torno a la situación venezolana (véase Figura 1). La primera, con el gobierno de Estados Unidos a la cabeza, plantea la necesidad de remover a Maduro del cargo a través de los medios que sean necesarios, incluso por la fuerza mediante una invasión militar (Anderson, 2019). La acción militar fue rechazada por el Grupo de Lima a pesar de su creciente radicalización, por lo que la postura de este grupo de países liderado por Washington se basó en la apuesta diplomática de reconocimiento de Juan Guaidó. Otra posición frente a la crisis es la que plantea el Mecanismo de Montevideo lanzado por Uruguay, México y la Comunidad del Caribe (Caricom), donde se plantea el acercamiento entre las partes, la negociación y el compromiso (Legler y Nolte, 2019).

Nota. La imagen representa las diferentes posturas de los países respecto a “dualidad de poder” en Venezuela. En rojo los que apoyan a Guaidó; en gris los que respaldan a Maduro; en amarillo los que optan por un dialogo entre las partes; y en turquesa quienes consideran que las elecciones son la mejor opción. Tomado de Venezuela Crisis Splits the World’s Allegiances: Map, por Bloomerang, 30 de enero de 2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-30/venezuela-crisis-splits-the-world-s-allegiances-map

El Grupo de Internacional de Contacto (GIC), formado en su mayoría por países europeos y Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Ecuador, puede ubicarse en esta segunda posición conciliadora, ya que promueve una solución electoral y negociada a la crisis venezolana (Legler y Nolte, 2019). Finalmente, la tercera posición de respaldo al régimen de Maduro está compuesta por los países miembros del ALBA, algunos países caribeños dependientes de Petrocaribe (Malamud y Núñez, 2019), y cuatro aliados extrarregionales clave: Rusia, China, Irán y Turquía (Rendon y Fernández, 2020).

En el siguiente apartado se realiza una exploración empírica de la fractura latinoamericana como resultado de la división del tablero político e ideológico después de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Los episodios donde se puede observar dicha fractura son el enfrentamiento discusivo ente algunos gobiernos latinoamericanos y Venezuela en la IV Cumbre de la CELAC en 2021, y las distintas posturas adoptadas por los gobiernos progresistas frente a la exclusión del régimen de Maduro de la IX edición de la Cumbre de las Américas en 2022.

En una investigación reciente sobre la impotencia política de la región frente a la actual coyuntura global y las peculiaridades de la doble crisis del regionalismo en América Latina y del multilateralismo hemisférico, González, Hirst, Luján, Romero y Tokatlian (2021, p. 56) indican que “la situación en Venezuela ha sido el epicentro de la crisis del regionalismo latinoamericano”. De acuerdo con este estudio, las repercusiones a la agenda regional se han reflejado en los efectos transfronterizos de la situación económica, política y social interna, así como en “la creciente polarización ideológica y su canalización política en la escalada de diferencias entre EE. UU. y el régimen venezolano” (González et al., 2021, p. 56).

Diversos episodios en la política regional y hemisférica contemporánea reflejan la fractura política por la que atraviesa el regionalismo latinoamericano. La IV Cumbre de la CELAC, a nivel intrarregional, y la IX Cumbre de las Américas, a nivel interamericano, demuestran que, más que tratarse de una disputa entre el neopanamericanismo en contra del neolatinoamericanismo, la realidad política y geopolítica regional actual se define por una doble crisis del regionalismo latinoamericano y del multilateralismo interamericano (González et al., 2021), provocadas en gran medida por la internacionalización de la situación venezolana. A continuación, se mencionan algunos aspectos clave de la Cumbre de la CELAC y la IX Cumbre de las Américas que permiten comprender el papel de Venezuela en la fractura regional actual.