La institucionalización de la protección social en una periferia brasileña

La literatura sobre la sociología del crimen y la antropología de la violencia de los años noventa tuvo una contribución significativa para comprender el fenómeno de la violencia como un conflicto social centrado en las relaciones entre justicia, seguridad y criminalidad en contextos urbanos (Lima y Ratton, 2011; Zaluar, 1996). Los estudios antropológicos de Alba Zaluar (1999) fueron pioneros para explicar las elevadas tasas de crímenes violentos y los efectos del tráfico de drogas en las favelas de Brasil. Esta autora realizó una contribución teórica-analítica importante al explicar con la categoría del ethos masculino de la violencia lo que sucede con los jóvenes que están involucrados en la criminalidad.

Otro hallazgo relevante de la antropología de la violencia y la sociología del crimen fue demostrar que las poblaciones de la periferia han sido criminalizadas por el hecho de vivir en lugares precarios. En ese sentido, los trabajos sobre violencia urbana se enfocaron en analizar los mecanismos con los que opera el crimen y sus vínculos con el poder y las políticas de seguridad (Pinheiro, 1983). Por su parte, Machado da Silva (2010) propuso que el núcleo de conflicto social se concentra en la relación entre el espiral de la violencia policía y la violencia criminal, así como por las interrupciones de las rutinas cotidianas en las favelas, constituyéndose así un círculo vicioso que se expresa en una “sociabilidad violenta”.

La sociología del crimen y la antropología de la violencia aportaron evidencias en contra de los argumentos que sostenían una ausencia de Estado en las zonas periféricas. Estos estudios mostraron que el Estado está presente en las periferias por medio del control que ejercen las instituciones del orden público a través de formas tanto legales como ilegales para punir y reprimir a la población (Zaluar, 1999). Esta literatura tiene como principal influencia teórica la obra de Foucault, por ello, el control es un concepto usado por los científicos sociales para referirse a las prácticas de “coerción” que se realizan para mantener el orden en la sociedad, así como para calificar un conjunto de dispositivos de poder que se desliza en la intimidad del mundo para asentar su dominación. En el marco de este enfoque teórico se estudió la represión policial y la historia de la policía como una institución de control (Caldeira, 2000). Además, estas investigaciones plantearon que la represión policial vino acompañada de proyectos sociales que tenían el mismo objetivo de disciplinar a la población (Zaluar, 1994a). Por otro lado, se estudiaron las expresiones culturales, como las escuelas de samba y capoeira que surgieron en contextos de precariedad urbana como formas de resistencia ante el control ejercido por los aparatos del Estado (Machado da Silva, 2010; Misse, 1995; Zaluar, 1994b)

Desde la perspectiva del control, los actores sociales y sus acciones fueron caracterizados como dominados o resistentes. Sin embargo, con la categoría de dominados su capacidad como sujetos es anulada y se les concibe como dependientes del Estado. Como opositores o resistentes, los actores se confrontan con el Estado sin acuerdos, compromisos o reconocimiento mutuo entre las partes involucradas. No obstante, los actores locales al tratar de incidir en el territorio o solucionar sus problemas se mueven en áreas intermedias por lo que no pueden ser caracterizados sólo en términos de dominados y resistentes. Para explicar el rol de los actores y sus acciones en esas áreas de intermediación propongo la perspectiva histórica procesual de la mutua constitución entre actores sociales e instituciones estatales.

Esta perspectiva teórica se centra en el análisis mutuamente constitutivo y contingente de las relaciones entre Estado-sociedad sivil (Skocpol, 1995). La mutua constitución se fundamenta en la propuesta teórica del enfoque político (polity approach), proveniente de la propuesta de Theda Sckopol (1995), y ha sido desarrollado por autores como Houtzager (2003), Gurza Lavalle (2008, Nascimento (2012), entre otros. Con la mutua constitución entre actores sociales y estatales se busca superar las visiones normativas en las que se considera a la sociedad civil como “polo de virtudes democratizantes y el Estado que frecuentemente es visto como la “encarnación del mal” (Dagnino, 2006).

La perspectiva de mutua constitución proporciona un conjunto de herramientas analíticas para comprender las acciones de los movimientos sociales vía las instituciones (Dowbor, 2012). En las teorías sobre los movimientos sociales generalmente se argumenta que la institucionalización de los mismos implicaría el reconocimiento pleno de la desmovilización de la protesta, o bien, la tecnificación y burocratización de las organizaciones que forman parte del movimiento (McAdam et al., 1999; Cohen y Arato, 2000). Estudios recientes basados en el enfoque analítico de la mutua constitución afirman que la compresión de los movimientos sociales en interacción con la institucionalidad política requiere de un análisis dinámico que enfatice los aspectos de la mutua constitución entre sociedad y Estado, como actores que interactúan en un proceso continuo y contingente, cuyas fronteras son imprecisas (Albuquerque, 2012).

Por ejemplo, Nascimento (2012) analiza los cambios en los padrones de la acción colectiva a partir de su participación institucional. De acuerdo con esta autora, dichos cambios se caracterizan por una compleja estructura organizacional en la que se formalizan las estrategias de acción o participación de los militantes, se amplían las relaciones con las instancias gubernamentales, y se extienden los vínculos entre movimientos y organizaciones civiles. Dichos padrones de interacción pueden configurarse como autónomos y cooperativos. Es decir, en esa relación cooperativa entre movimientos sociales e instituciones políticas, los actores sociales pueden mantener de acuerdo con sus intereses y valores la capacidad de independencia, o la libertad para co-definir formas, reglas y objetivos de interacción con otros actores.

En este texto, la construcción histórica de los procesos de institucionalización es examinada a partir de los repertorios de organización, encajes institucionales y la intermediación institucionalizada. Clemens (2010) introduce el concepto de “repertorios de organización” para explicar cómo los grupos de actores sociales marginalizados por las instituciones políticas existentes tienen un incentivo para desarrollar modelos alternativos de organización. Según esta autora, esos modelos alternativos no son sólo convenciones para coordinar las acciones, además son declaraciones de lo que significa para algunas personas organizarse de determinadas maneras para cumplir sus propósitos en un momento específico. Clemens (2010) afirma que:

Los modelos de organización son parte de la herramienta cultural de cualquier sociedad. Además de cumplir funciones instrumentales, también cumplen funciones expresivas o comunicativas. La adopción de una forma particular de organización influye en los vínculos que un grupo organizado establece con otras organizaciones. El modelo de acción colectiva elegido conforma las alianzas con otros grupos y las relaciones con las instituciones políticas. Tanto en el ámbito cultural como en el institucional, los modelos de organización y de actividad colectiva son mecanismos centrales en la transformación de los sistemas políticos.

Los repertorios de organización tienden a transformarse a partir de los encajes que los actores sociales consiguen articular con el Estado. El concepto de “encaje” ofrece una distinción teórica-analítica adecuada para identificar los resultados de los procesos de interacción societarios-estatales en los que actores sociales logran que las instituciones operen a su favor bajo determinadas circunstancias (Gurza Lavalle y Nascimento, 2017). Skocpol (1995) afirma que el encaje, o la falta de éste, se presenta entre los objetivos y capacidades de diversos grupos políticamente activos y los puntos de acceso permitidos por las instituciones políticas, pero que son históricamente mutables. En otras palabras, son los canales institucionales expresados en la aprobación de una ley, la creación de un órgano público y el acceso regular con funcionarios púbicos claves. Es decir, son transformaciones institucionales que los actores sociales consiguen para que el Estado opere a favor de sus intereses y demandas (Gurza Lavalle, 2012). Sin embargo, explicar las transformaciones institucionales como productos de nuevos repertorios organizaciones no garantiza la eficacia de los modelos aplicados, tampoco que los grupos de actores movilizados hayan conseguido todo lo que desean (Clemens, 2010).

En tanto, Gurza Lavalle y Von Bulow (2014) afirman que los intermediarios son actores que cumplen un papel fundamental en la acción colectiva. La categoría de intermediación permite pensar en la complejidad de las funciones que los actores sociales asumen cuando se colocan en una posición “intermedia” y cumplen el rol de ser una especie de puente con otros conjuntos de actores de la sociedad civil, el Estado o el mercado. Existe un amplio repertorio de formas de intermediación que pueden ser informales e institucionalizadas. Los intermediarios informales desempeñan su papel circunstancialmente y en virtud de su posición o trayectoria en el campo de los actores. Las iniciativas institucionalizadas se proponen como organizaciones creadas por un grupo más o menos delimitado de actores sociales para cumplir papeles específicos y determinados tipos de intermediación. Sin embargo, la intermediación es institucionalizada en la medida en que “implica la transferencia de recursos y autoridad de otros actores”, por lo que el desempeño de sus funciones puede estar sometida a la negociación continua e intensa con aquellos que desean apoyar y a quienes tienen que rendir cuentas (Gurza Lavalle y Von Bülow, 2014: 126-127).

A finales de los años ochenta el distrito de Sapopemba se comenzó a habitar por migrantes de diversos estados y por las familias de otros lugares del estado de São Paulo que llegaron al territorio para integrarse a las movilizaciones por la ocupación de las tierras y la autoconstrucción de viviendas en asentamientos irregulares. José (comunicación personal, 23 de agosto de 2017) menciona que las primeras ocupaciones se realizaron con mucha violencia porque llegaba la policía para desalojar a todas las personas haciendo uso excesivo de la fuerza. Dicha situación cambió cuando se involucraron actores de la Iglesia Católica, como el caso del Obispo Don Luciano Mendes de Almeida, para mediar los conflictos con el gobierno por la apropiación de esos terrenos.

Luana recuerda que en esa época la sensación de miedo y violencia era mucho peor de la que se viven actualmente puesto que en la Hacienda de la Juta no contaba con ningún tipo de infraestructura o servicio público. Los niños y los jóvenes pasaban todo el día en la calle, mientras sus padres salían a trabajar o construían sus viviendas. En ese tiempo eran frecuentes las disputas violentas por los espacios físicos: pedazos de tierra, departamentos y barracos. Así, era una situación cotidiana encontrar cuerpos de personas muertas en la calle (comunicación personal, 17 de mayo de 2017).

En ese contexto sacerdotes de la Iglesia Católica progresista, especialmente el caso de la Comunidad Comboniana y las Comunidades Eclesiales de Base, organizaron a los habitantes con el propósito de atender a los niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, quienes consumían drogas, o bien, aquellos que eran víctimas de explotación laboral y sexual. La Pastoral de la Juventud tuvo un papel relevante para articular a los activistas mucho antes del surgimiento del Estatuto del niño y del Adolescente (ECA)^vi y de los servicios de la Política de Asistencia Social. Los padres Combonianos lideraban las movilizaciones y manifestaciones que los habitantes de Sapopemba realizaban frente al Ayuntamiento de la ciudad de São Paulo con el objetivo de defender sus derechos y exigir la implementación de servicios básicos. Además, los adolescentes se juntaban con la intención de ayudar otros niños y jóvenes, pero no eran conscientes del trabajo que hacían en la Pastoral de la Juventud, así lo señala una de las educadoras:

En la Pastoral para la Juventud hacíamos diversos trabajos, desde buscar la formación política de jóvenes hasta la organización de dinámicas lúdicas, como fiestas, paseos, retiros, competencias deportivas. Buscábamos actividades que despertaran el interés de los jóvenes. Yo en esa época tenía 15 años y formaba parte de un grupo de unos 20 jóvenes que asistíamos a la parroquia. Sin embargo, para los jóvenes que organizamos esas actividades era como un juego, no sabíamos que ese proceso era tan importante para construir vínculos y movilizar a otros adolescentes y jóvenes de Sapopemba. Teníamos, por ejemplo, un proyecto que se llamaba la Calle del ocio porque queríamos que los niños se apropiaran de las calles para jugar en aquel tiempo en el que espacio público era dominado por el miedo y la violencia (Entrevista a Gabriela, comunicación personal, 9 de abril de 2017).

Por otro lado, Helena (comunicación personal, 27 de junio de 2017) relata que vivía en la Plaza de la Sé en el centro de la ciudad de São Paulo. En esa plaza conoció al Padre Don Luciano Mendes quien la convenció de dejar las calles para vivir en un albergue llamado La Casa de las Niñas, ubicado en el barrio Santa Madalena en Sapopemba. La joven acostumbra robar, pero sabía que estaba creciendo y al ser aprendida por la policía, el juez ya no la mandaría a la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor (FEBEM), sino que iría directo a la cárcel de mujeres. Ante ese miedo a la prisión se convenció de ir a vivir a la Casa de las Niñas. Este albergue tiene como antecedente la iniciativa de un grupo de personas vinculadas a las Comunidades Eclesiales de Base, que desde 1985, realizaban proyectos de intervención social con jóvenes adictos a las drogas, con los internos de la FEBEM y con adolescentes que se dedicaban a pepenar basura. Para 1987, con el apoyo de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y la Arquidiócesis de São Pablo, se crea un espacio para albergar temporalmente a las adolescentes que eran prostituidas u obligadas a realizar diferentes actos delictivos

(Ação: Edital n. 040/SMADS/2015, 2015) Helena afirma que así conoció a Valdénia Paulino, encargada del albergue y quien la llevó a vivir a la Casa de las Niñas.

Vivir en la Casa de las Niñas era muy bueno. Yo conocí mucha gente y jóvenes que estaban viviendo allí. Pero en aquella época era muy difícil eso de la alimentación. Se tenía muy poca comida. Yo recuerdo que Valdénia pedía comida en las guarderías para que nosotras las jóvenes del albergue pudiéramos comer (Entrevista a Helena, comunicación personal, 27 de junio de 2017).

Durante los años noventa la Iglesia Católica progresista se constituyó como un actor fundamental en la formación de un marco ideológico fuertemente arraigado a la noción de la lucha por los derechos de la ciudadanía en la periferia. Los pobladores bajo ese marco se organizaron para contener algunas de las situaciones de violencia, pero las condiciones en las que se realizaban los proyectos de intervención social eran precarias, a saber: la comida era escasa, el trabajo social se realizaba por voluntarios y los espacios se construían a través de las donaciones de los propios habitantes.

Es importante mencionar que actualmente la Iglesia Católica progresista ha perdido presencia en el territorio mientras que el número de Iglesias Evangélicas, así como las “personas convertidas” han aumentado en Sapopemba, de modo que los marcos ideológicos de la movilización social por los derechos de los ciudadanos fomentados por la Iglesia Católica progresista han sido substituidos por el conservadurismo moral y las posiciones ideológicas que fomentan el emprendimiento individual para tener logros en la vida. Estas ideas han sido promovidas por la Iglesia Evangélica (Machado, 2017). Cabe decir que estas Iglesias produjeron en los últimos veinte años un repertorio bastante particular para enfrentar la violencia en las periferias urbanas, desde la implementación de acciones de evangelización dirigidas a los criminales encarcelados, hasta negaciones con los líderes del crimen. El objetivo de estas iglesias ha sido liberar a los “bandidos” condenados a muerte por los “tribunales del tráfico” y su posterior acogida en el seno de sus templos (Machado, 2017).

Las dinámicas de los actores colectivos organizados en los espacios periféricos se vieron afectadas por la creciente institucionalización de los espacios de participación, así como por el reconocimiento de la asistencia social como derecho y deber del Estado previstos en la constitución de 1988 (Gurza Lavalle, 2011). Más tarde, con las reformas introducidas a lo largo de la década de los años noventa en el sector de la política de asistencia social se estableció un sistema descentralizado del nivel federal en la prestación de servicios socio-asistenciales dejando está responsabilidad a los municipios (Moretto et al., 2011).

En Sapopemba, el año 1992 se constituyó legalmente la Asociación Unión de la Juta para representar frente a las instituciones públicas a las personas que participaban en el movimiento para la autoconstrucción de sus viviendas en el barrio de la Hacienda de la Juta. Esta Asociación de la misma manera se movilizó por la demanda de servicios básicos como la pavimentación, drenaje y luz. Sin embargo, la exigencia por los servicios de atención social surgió ante la necesidad de mejorar las condiciones en las que ya se realizaban algunos proyectos sociales en la comunidad.

Ese fue el caso de una guardería improvisada, puesto que mucho antes de que se estableciera formalmente este servicio, las mujeres tenían que dejar a sus niños en la bodega donde se guardaban los materiales de la obra mientras que ellas trabajaban en la construcción de sus viviendas. Los niños quedaban bajo el cuidado de una persona que generalmente era alguien que no podía realizar trabajos de construcción por cuestiones de salud. Para el año 2002, se realizó el primer convenio con el gobierno municipal para establecer una guardería en las antiguas bodegas del material de la obra. Con esa guardería, la Asociación de la Unión de la Juta logró contratar recursos humanos y mejorar las condiciones de atención para recibir a los bebés y niños de las personas que participaban en la obra o salían a trabajar al centro de la ciudad. Así, el servicio de la guardería dio la pauta para que la Asociación cambiara su estatuto basado en la construcción de viviendas para convertirse en una organización dedicada a ofrecer servicios de atención social.

La Asociación Unión de la Juta comenzó a usar otros espacios del cantero de la obra para ofrecer talleres a los jóvenes desempleados que buscaban aprender algún oficio. La creación de una panadería es uno de los proyectos sociales que los integrantes de la Asociación recuerdan como el más exitoso porque los jóvenes aprendían a trabajar y a cooperar con la comunidad. Gabriela (comunicación personal, 9 de abril de 2017) comenta que el pan que preparaban cotidianamente era usado para alimentar a los niños de la guardería hasta que los jóvenes panaderos comenzaron a interesarse por otro tipo de conocimientos técnicos en las áreas de administración e informática.

Por otro lado, el Estatuto del niño y del adolescente (ECA) de 1990, es un encaje institucional (Albuquerque, 2015) resultado de los procesos de interacción entre el Estado y actores de la sociedad civil que se movilizaron por los derechos de los niños y los adolescentes en todo país. A partir de este encaje institucional se conformaron nuevas organizaciones civiles que se dedicarían a instrumentar esta normatividad, como el caso de los centros de defensa del niño y del adolescente^vii que surgieron en diferentes estados de Brasil.

Los actores sociales en el estado de São Paulo y de manera particular aquellos que vivían en la periferia de Sapopemba se vieron influenciados por esta nueva normativa y modificaron sus repertorios de organización. Por ejemplo, la Casa de las niñas, que funcionaba como albergue temporal de las jóvenes se convirtió en la sede del Centro de Defensa del Niño y del Adolescente (CEDECA). El CEDECA Sapopemba recibió el nombre de “Mônica Paião Trevisan”^viii y se fundó legalmente en noviembre de 1991 con la intención de actuar frente al alto índice de muertes violentas de adolescentes en el barrio (São Paulo, 2015).

[...] Era una época en que “la muerte pautaba la vida de la comunidad”. Eran tiempos de dictadura y había autorización para matar. En las periferias había ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes estigmatizados por vivir en situación de calle, al mismo tiempo que comenzó el tráfico de drogas y las disputas por el territorio. Entonces, en un final de semana había tres o cuatro muertes de jóvenes. Eso sin contar otros factores porque tuvimos muchos adolescentes que murieron por causa del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) (Entrevista a Valdênia, comunicación personal, 2 de septiembre de 2017)

Posteriormente El CEDECA Sapopemba se convirtió en una organización civil especializada en la cuestión de los adolescentes en conflicto con la ley y la ejecución de las Medidas Socioeducativas en Medio Abierto,^ix a través del convenio realizado con la Secretaría Municipal de Asistencia Social (como se explica en el siguiente apartado de este texto).

En suma, los activistas de Sapopemba incluyeron estas formas de organización para institucionalizar algunos de sus proyectos sociales, pero no abandonaron sus repertorios de protesta como las marchas y manifestaciones callejeras para exigir que se respeten los derechos de las infancias y juventudes. Las muertes violentas de los jóvenes no cesan. Con los gobiernos más conservadores, como el caso de Jair Bolsonaro,^x se han recrudecido los casos de violencia policial. Es por lo que algunas de las organizaciones están buscando colocar en la agenda pública el debate sobre “el genocidio contra la juventud afrodescendiente y en situación de vulnerabilidad por pertenecer a la periferia”.

En el año 2002 el gobierno municipal^xi de São Paulo en colaboración con el movimiento por los derechos de los niños y los adolescentes creó un proyecto piloto para el diseño y la ejecución de las Medidas Socioeducativas en Medio Abierto, definidas en el Estatuto del niño y del adolescente (ECA), tales como la Libertad Asistida (LA) y la Prestación de Servicios a la Comunidad (PSC) por parte de los adolescentes que estaban en conflicto con lay (Albuquerque, 2012). Para el año 2004, esa atención a los adolescentes que debían cumplir con las Medidas Socioeducativas en Medio Abierto fue definida como un servicio continuado por la Protección Social Especial de Media Complejidad, asumido por el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) de la Política de Asistencia Social. El CEDECA Sapopemba se convirtió en una de las organizaciones civiles que administró los proyectos piloto de la municipalización de las Medidas Socioeducativas en Medio Abierto (São Paulo, 2015).

La ejecución de las Medidas Socioeducativas está vinculada transversamente a otro encaje de la Política de Asistencia Social en el ámbito municipal. Durante el gobierno municipal de Marta Suplicy se creó un nuevo marco regulatorio de las colaboraciones en el área de asistencia social. Ese fue el caso del Decreto número 43.698, del 2 de septiembre de 2003, que reglamenta la Ley número 13.153, la cual define una política pública de Asistencia Social, sin fines lucrativos, operada por organizaciones civiles mediante convenios^xii con el municipio de São Paulo. Con esa regulación, se pretendía que la política social no sólo fuese operada por entidades filantrópicas basadas en una tradición clientelista y asistencialista (Yazbek, 2004), sino desde una perspectiva de política pública que buscaba fundamentarse en los derechos ciudadanos. Fue así que las organizaciones civiles de la periferia consiguieron una mayor participación con esos convenios destinados a la implementación de servicios de asistencia social que estaban siendo demandados en sus territorios.

En Sapopemba algunas de las organizaciones civiles profesionalizaron los procesos de intervención con los jóvenes. En el CEDECA, el Instituto Comboni y la Asociación de la Unión de la Juta, se formalizaron la contratación de especialistas como psicólogos, abogados y asistentes sociales. Al mismo tiempo se abrieron más sedes para dar atención a una mayor cantidad de jóvenes y sus familias. De esa forma, las organizaciones civiles obtuvieron una mayor experiencia en el atendimiento a los jóvenes, conocimiento de la región y aseguraron la permanencia de una fuente para la obtención de recursos económicos.

Estas organizaciones civiles asumieron un papel de intermediación institucionalizada porque son sancionadas por los actores estatales al operar los servicios del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS). Tales servicios son de Protección Social de Media Complejidad, dedicados a la atención de los adolescentes en conflicto con la ley que cumplen Medidas Socioeducativas en Medio Abierto; como los servicios de la red de Protección Social Básica, llamados de prevención de riesgos dentro del SUAS.

Entre esas organizaciones se puede mencionar el caso de los Centros para Juventud (CJ) que tienen como antecedentes una serie de proyectos de intervención social que realizaban los actores locales. Por caso el Proyecto Agente Joven se enfocaba en la capacitación de jóvenes, pero se desarrollaba en un contexto de limitadas condiciones laborales. El proyecto tenía un orientador educativo y un instructor. Uno recibía una beca de 200 reales y el otro recibía 400 reales por mes y cualquier asistencia que se tenía para los jóvenes era de 18 centavos para cada uno por día.

En el año 2009, el gobierno municipal transformó el Proyecto Agente Joven en el Centro para Juventud (CJ). Con este servicio de la política de Asistencia Social se modificaron las condiciones de operación de los proyectos sociales dirigidos a los jóvenes. El Centro es operado por un equipo integrado por un gerente, un auxiliar administrativo, dos educadores (un técnico especializado y un orientador socioeducativo), una cocinera y un agente operacional (de cocina y limpieza), todos ellos cuentan con un contrato y salario asignado por el gobierno municipal vía la Secretaría Municipal de Asistencia Social. El CJ posee un presupuesto destinado para proporcionar una alimentación balanceada en las comidas que se ofrecen sea el desayuno, la comida y la merienda para los jóvenes. No obstante, esa dieta es vigilada por un técnico supervisor del Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS), siendo éste el funcionario público a quien la organización tiene que rendir cuentas sobre este servicio.

Los Centros para la Juventud (CJ) son un servicio de intervención socioeducativa dirigido a jóvenes que tienen entre 15 y 17 años con 11 meses de edad. De acuerdo con la Norma Técnica de los Servicios de la Protección Social Básica, los CJ pueden dar atención a un total de 60 adolescentes que están divididos en dos turnos, uno matutino y otro vespertino (Prefeitura de São Paulo, 2012). Sin embargo, en Sapopemba la demanda para entrar a los Centros para la Juventud es muy alta por lo que las organizaciones en muchas ocasiones terminan aceptando más jóvenes en cada grupo y llegan atender hasta 90 jóvenes en espacios muy reducidos.

Según la Norma Técnica de los servicios de Protección Social Básica, los Centros para la Juventud son definidos como un “[...] espacio de referencia para el desarrollo de acciones socioeducativas que buscan asegurar el fortalecimiento de los vínculos familiares y el convivio grupal, comunitario y social” (Prefeitura de São Paulo, 2012). Sin embargo, son las organizaciones civiles de Sapopemba quienes determinan las estrategias o el tipo de acciones socioeducativas que ofrecerán para los niños y adolescentes. Como el caso de las organizaciones que realizaron otros convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), con el propósito de conseguir certificados para los cursos técnicos que ofrecen en el CJ.

Ahora bien, los educadores cotidianamente realizan un trabajo de intermediación en el universo de regímenes morales en lo que se establecen las relaciones sociales en el territorio. En ese sentido, una de las educadoras narra una de sus experiencias en el aula de clases:

Yo acostumbro hacer bastantes discusiones en la clase sobre política y sobre la relación con la policía. Ese trabajo es bien complicado porque tienes que lidiar con las víctimas de la violencia, con los hijos de los traficantes y con los jóvenes que roban. Los jóvenes colocan muchas de esas vivencias en las discusiones que tenemos. Están los jóvenes que para ellos es normal tener un amigo o familiar que roba. Están los jóvenes que defienden a la policía porque tiene un conocido o su papá es policía. Tenemos jóvenes que fueron asaltados en la calle. Yo tengo que estar en medio de todas esas partes. Por ejemplo, mostrando el trabajo que la policía hace y no hace, los riegos que corre hasta explicar el sentido del robar para los jóvenes. Como es el caso de aquel joven que roba una motocicleta para llegar al baile funk y después se olvida de ella. Yo no puedo escoger un lado, no puedo crear una verdad para los jóvenes, por eso lo que intento mostrar son todas esas incoherencias en todos lados de las historias que se viven en Sapopemba (Entrevista a Luana, comunicación personal, 17 de mayo de 2017).

Para realizar esa intermediación los educadores ponen en práctica las herramientas que fueron adquiriendo mediante su participación en las acciones parroquiales o como alumnos de los cursos técnicos ofrecidos en la propia organización. La agencia de este grupo de educadores ayuda a comprender la trayectoria de los actores movilizados en Sapopemba. Ellos son los hijos de algunas de las personas que formaron parte del movimiento por la tierra y las viviendas. Jóvenes que participaron en la autoconstrucción de sus viviendas y conforme fueron creciendo se integraron a las iniciativas de la Pastoral para la Juventud y se comprometieron con las movilizaciones en defensa de los derechos de los niños y los adolescentes. Luego, esos mismos jóvenes se integraron como alumnos y más tarde como educadores de los Centros para la Juventud y en otros de los servicios de la Política de Asistencia Social.

Ese grupo de integrantes de las organizaciones civiles en Sapopemba conforman los “casos ejemplares de agencia”. Es decir, de un actor social comprometido con una causa y representan al usuario “esperado” de la aplicación de la política pública, en el sentido de ser la “idea positiva de la juventud” porque son jóvenes que cumplen con las normas establecidas como contar con un trabajo, salario y familia para no ser considerados un problema social. No obstante, esos jóvenes a pesar de cumplir con esas normas sociales no se mantienen al margen de la violencia porque han sido objetivo del crimen o de los excesos de la autoridad policial que son permanentes en la periferia, esto es, cuando se tornaron víctimas de detenciones arbitrarias y de los malos tratos infringidos por la policía.

Esta semana fui abordado por la policía. Yo les presenté todos mis documentos, pero no me dejaron ir, me detuvieron por más de 40 minutos y revisaron todo mi carro. Pero los policías no se conformaron e insinuaron que yo traía droga. Hasta me preguntaron cómo había conseguido comprar mi carro. Ese es tipo de trato que recibimos de la policía. ¡Imagínate! si eso sucede conmigo que soy educador que puede suceder con alguien que vive cerca de un punto de droga o de algún adolescente que anda mal vestido (Entrevista a Thiago, comunicación personal, de marzo de 2017).

La narración de este educador del Instituto Comboni muestra que la violencia puede tener consecuencias que no se limitan a los efectos directos del aniquilamiento físico. Para que el agresor consiga su propósito tiene que suprimir aquello que hace al otro ser humano un sujeto por medio de la criminalización, de la intimidación y el medio (Wieviorka, 2005). De modo que, en todos los casos del despojo de la condición humana, el exceso, la crueldad y los contextos que lo hacen posible como el miedo, la impunidad y la cultura de odio son aspectos más extremos del fenómeno de la violencia y constituyen su nodo más central, pero también el más radical. Para Wieviorka, (2005) es necesario considerar que estos aspectos definen mejor a la violencia, mucho más que cualquier otra dimensión.

Ahora bien, con los servicios de asistencia social mejoraron las condiciones de operación para la atención de los niños y jóvenes que habitan en ese contexto de múltiples expresiones de violencia, pero permanecieron algunos problemas relacionados con el financiamiento y la atención para jóvenes que cumplen Medidas Socioeducativas. Los recursos del convenio con el Ayuntamiento de São Paulo no pueden ser usados para comprar activos fijos, tales como computadoras, muebles, electrónicos, entre otros.

La atención a los jóvenes involucrados en conflictos con la ley es otra de las problemáticas que persiste en la operación de los CJ. Los educadores señalan que, cuando los jóvenes comienzan a viciarse en las drogas, realizan informes sobre esa situación y son enviados al CREAS (Centro de Referencia Especializado en Asistencia Social) con el propósito de que sean canalizados a un servicio de atención especial. A pesar de ello, el CJ no recibe respuesta. “El problema es nuestro, nosotros tenemos que ayudar a esos jóvenes que se están viciando, pero no siempre lo conseguimos, la Red de Protección Especial no deja solos” (Entrevista a Natália, comunicación personal, 23 de febrero de 2017).

Con lo expuesto hasta aquí se muestra que los Centros para Juventud aunque son un proyecto del gobierno municipal de São Paulo operado por las organizaciones civiles, en la práctica son espacios heterogéneos donde se reúnen un conjunto de actores con diversos intereses y marcos normativos que en su intento por alejar a los jóvenes de la violencia tienen dinámicas cotidianas en las cuales se entrelazan trayectorias personales basadas en una combinación de concepciones religiosas, culturales, sociales, educativas y políticas.