Ciudadanía Precaria en México: el estado actual de los jóvenes

De acuerdo a Andrenacci (2002) los elementos que han definido a la ciudanía desde su aparición, en Grecia, hasta los tiempos actuales son dos: el primero se refiere a las formas o modos de pertenencia de un individuo en relación a una comunidad política; el segundo, por su parte, agrupa a los modos de estratificación o diferenciación de derechos o prerrogativas y obligaciones políticas, económicas y sociales de esos individuos respecto de otros pertenecientes a la misma comunidad.

Tamayo (2010) agrega a la ciudadanía el mecanismo de la participación política como aspecto definitorio de ciudadanía: la membrecía a una comunidad política; 2) los derechos y obligaciones que tienen los miembros y, 3) la participación de los ciudadanos en las decisiones que se toman dentro de la comunidad. Esto último no sólo se reduce a la cuestión jurídica, sino que se trata también de un producto de las experiencias que definen y redefinen las identidades de los individuos por medio de pertenecer a una membrecía.

Bajo esta premisa, es oportuno acotar que en las configuraciones históricas de ciudadanía (Grecia Clásica y las democracias modernas) se han presentado variaciones en su producción tanto formal como práctica. Los criterios de: pertenencia, membrecía, derechos y obligaciones, nunca son iguales, ya que varían de acuerdo a cada contexto histórico. De igual forma, las maneras de participar políticamente tampoco son uniformes ni se definen únicamente por los cauces institucionales. Además, la acepción de comunidad política que se deriva de ambos aspectos también es variable. Sobre este último punto se volverá más tarde debido a su importancia como elemento ideológico de la ciudadanía.

Resulta relevante observar brevemente cómo se ha configurado históricamente la ciudadanía actual. Tiene sus raíces desde los siglos XVII y XXIII a partir de la tradición liberal, el pensamiento ilustrado y las revoluciones burguesas. Tiempos en que surgieron las ideas modernas de democracia y ciudadanía. Esta última ha implicado la constitución universal legal de los derechos de libertad e igualdad conferidos hacia todos los individuos que forman parte de los Estados nacionales. Situación que se concibe en emancipación tanto jurídica como política dentro de una sociedad democrática.

Uno de los teóricos liberales que aportaron a la concepción moderna de ciudadanía es John Locke. Él justifica la conformación del Estado y sus leyes a través de un argumento mítico-originario: en este arguye que el hombre posee, por nacimiento, la cualidad de ser libre e igual a los demás; además, asevera que la conversión en ciudadano se presenta al adquirir derechos políticos gracias a un acuerdo o contrato entre todos los individuos que viven en sociedad (Locke, 2004) Es así que el ciudadano es un sujeto de libertad, dentro de una sociedad que se rige a través del consenso individual mediante la regla de la mayoría y sancionado por ley.

La idea del contrato no es exclusiva para explicar la ciudadanía, sino, además, elementos básicos de convivencia política que se supone rigen a todo integrante de una sociedad: Aristóteles ya se preocupaba por ello. A partir de la división social del trabajo y su análisis de las formas de gobierno, reconoce la importancia que tiene el estado (la ciudad-estado) para la civilización del hombre. Sólo es posible, creía el filósofo, que la naturaleza humana se logrará expresar si el género se constituía en una sociedad como comunidad política. Esta adscripción requería, de alguna forma, de un contrato que permitía no sólo la convivencia, sino además la expresión de la condición humana, así como la satisfacción de sus necesidades (Sabine, 1994).

La concepción de comunidad es muy distinta a la moderna. Sin embargo, es indiscutible que todos estos elementos (como constitutivos de la ciudadanía) son retomados y su reconfiguración, a partir de una cultura occidental diferente en términos históricos, significó ser un proceso refundacional de aquella. La ciudadanía, vista desde la concepción liberal, está dominada por el individualismo, ya que la libertad es entendida en su aspecto negativo, que consiste en la no interferencia del Estado con respecto a la voluntad del individuo para llevar a cabo el ejercicio de la libertad efectiva (Horrach, 2009).

Se considera que el individuo es previo al Estado, y, por tanto, está en una posición de superioridad sobre este, el cual, debe de servir a los intereses individuales por lo que los derechos de cada ciudadano son prioritarios por encima del bien común. (Locke, 2004). Estas ideas han predominado (con algunas variaciones dependiendo el contexto en cuanto a derechos, reglas de inclusión, instituciones, formas de identidad, etcétera.) a lo largo de varios siglos, ya que las relaciones sociales y políticas de las democracias actuales están fundadas en ellas.

En este sentido, es importante mencionar ciertas puntualizaciones que permitan entender de mejor manera cómo se presenta la ciudadanía en las relaciones sociales. Los derechos de libertad e igualdad -que desde el punto de vista liberal son naturales- se encuentran en una relación de tensión constante, sobre todo porque en las sociedades capitalistas se le concede de facto primacía a la libertad como derecho natural por excelencia (Balibar, 2013, p. 53). Esto implica, en teoría, el derecho del ciudadano para disponer de su propia persona y de sus posesiones como mejor le convenga, sin depender de la pertenencia o membrecía de los individuos a un Estado-Nación.

En lo que se refiere a la pertenencia, no sólo incluye las leyes, procesos e instituciones, sino también las distintas identidades y formas subjetivas que desarrollan en los sujetos y grupos. De igual forma, es preciso mencionar que la ciudadanía no es estática ni inmutable ya que, aún dentro de la lógica liberal y del capitalismo, los elementos institucionales que definen la ciudadanía varían de una sociedad a otra, así como su ejercicio. Esto da pie a indicar que entre los Estados Nación existen diferencias a la hora de ejercer los derechos, pero también las hay al interior de estos, ya que las formas reales de aplicación y funcionamiento son distintas.

Un último elemento a considerar sobre el desarrollo de la ciudadanía moderna es que los derechos ciudadanos tienen su máxima expresión en la Declaración de los Derechos del Hombre por parte la Asamblea General de la ONU. La cual, consta de los derechos de primera generación, que son los civiles y políticos (igualdad y libertades; protección a la propiedad privada; seguridad; votar y ser votado); los de segunda generación que son los sociales, económicos y culturales (seguridad social, salud, educación, vestido, vivienda digna y trabajo). Donde, los dos primeros son resultado de las ideas ilustradas y de las revoluciones burguesas. Estos, por tanto, se encargan de velar por la propiedad privada y promueven el individualismo, ya que su goce y exigibilidad sólo se puede dar de manera individual (de la Fuente, 2012).

Ante el discurso de universalidad, de igualdad y de libertad que se ha pregonado desde la tradición liberal en cuanto a la ciudadanía, han surgido una serie de críticas, donde la más insistente e incisiva ha provenido desde el pensamiento marxista. Ya desde el siglo XIX, Marx observó la existencia de una contradicción entre lo real y lo formal, que consiste en el hecho de que el Estado dentro del ámbito legal suprime las diferencias de nacimiento, estamento, cultura, ocupación, etcétera, al proclamar a cada miembro de la sociedad como partícipe de la soberanía popular. Sin embargo, en los hechos se trata de una igualdad que oculta la desigualdad existente entre los individuos, la cual se produce por las relaciones sociales y la estructura económica.

Asimismo, (Marx, 2015) observa que la ciudadanía supone la ruptura o división entre hombre y ciudadano. Por un lado, en los hechos concretos, existe desigualdad real entre los sujetos respecto a las posibilidades para adquirir bienes, situación que se presenta de manera individual dentro de la sociedad civil. En cambio, el ciudadano se encuentra en una posición de igualdad política y legal dentro de las relaciones formales del Estado capitalista.

Los derechos no se dan por sí solos, siempre deben ser construidos o conquistados; sus contenidos y las responsabilidades se definen por la relación conflictiva entre dominados y dominadores (Balibar, 2013). Asimismo, su ejercicio nunca se da en forma plena, ya que en las relaciones sociales estos son reducidos, eliminados o simplemente no se aplican, sobre todo los relativos al bienestar social y económico de los individuos, lo que genera que las desigualdades materiales se intensifiquen aún más.

Durand (2010) explica que los derechos universales ciudadanos en la realidad son una ficción ya que:

[…]la igualdad formal es, o puede ser, contradicha o negada por la desigualdad social, por la desigual distribución de la riqueza, de la propiedad, de etnia o género, que diferencia a los ciudadanos y los puede volver distintos frente al derecho y las instituciones. (p. 25).

La ciudadanía tiene un carácter ideológico de dominación: “La igualdad formal de los poseedores de mercancías en el mercado, esconde la desigualdad producida, la explotación, entre los productores y los capitalistas; la igualdad en el mercado se iguala a la igualdad formal” (Durand, 2010, p. 38).

Por ende, la ciudadanía realiza el ocultamiento de las desigualdades como lo hace el capitalismo en el mercado, así que las mercancías se presentan como iguales sin importar cuál es su origen: “La explotación del trabajo vivo se transmuta y se presenta como si la mercancía (o el capital) se valorizase a sí misma en el proceso de intercambio, en donde todos somos iguales poseedores de mercancías” (Durand, 2010, p. 38).

Asimismo, Vidal y Vargas (2019) advierten que la ciudadanía por sí sola no tiene la posibilidad de crear una identidad basada en la comunidad, ya que la libertad y la igualdad como derechos conciben a los individuos atomizados, delimitados y disociados de los otros hombres. Además de que existen desigualdades que atañen a la ciudadanía en el seno de las sociedades capitalistas, además existen otros factores que también generan exclusión como los de carácter étnico, sexual, etario, etcétera) y que desde finales del siglo XX y principios del XXI se multiplican y amplían (Andrenacci, 2002).

En las sociedades capitalistas siempre habrá una desigualdad entre explotados y explotadores que negará la igualdad en las leyes. Sin embargo, la ciudadanía es dinámica y cambiante, muestra una forma distinta en cada contexto. Durand menciona que el ejercicio de los derechos está determinado por las relaciones sociales y políticas propias de la tensión o conflicto entre la igualdad formal y la desigualdad social, y que “la ciudadanía y su calidad son un producto, variable, de la forma en que se resuelve la tensión” (2010, p. 10).

Así solo se puede considerar la dicotomía donde el individuo esté incluido o excluido como únicas opciones posibles, sino que existen niveles o gradaciones de acceso a los derechos. Balibar refiere a que existen zonas grises dentro de la ciudadanía, donde conviven individuos o grupos sociales que no están completamente incluidos o excluidos; pertenecen a la comunidad formalmente, pero en la práctica no ejercen los derechos de la misma forma, debido a cuestiones materiales, culturales, económicas, o sociales; en este caso, se trata de exclusiones interiores (2013, p. 123).

Durand (2010) señala que la existencia de un estado donde la desigualdad es muy grande se trata de una ciudadanía precaria, y en ella la presencia de derechos políticos, sociales, civiles y culturales se contrapone con el hecho de que la justicia no resuelve la oposición entre lo jurídicamente establecido y las prácticas en la realidad. En cambio, lo contrario sería la ciudadanía plena, aquella que se acerca a la mayor igualdad real posible.

En la realidad ocurre que en el ejercicio de derechos jurídicos y políticos se llega al punto de generar exclusiones de la ciudadanía o ciudadanías diferenciadas. La exclusión implica la existencia de desigualdades inherentes a las repúblicas modernas, producto de la tensión, siempre en el umbral de la abierta contradicción, entre la igualdad jurídica y política y la desigualdad socioeconómica. Es así que la ciudadanía actual implica una constante dinámica de inclusión/exclusión tanto al exterior como al interior de los Estados.

La exclusión al interior no implica que los individuos no posean el estatus legal de ciudadano ya que se trata más de una supresión en la práctica del ejercicio de los derechos, que el no reconocimiento como parte de la comunidad. Balibar (2013) advierte que se vive excluido de un poder o de una capacidad, es decir, no se tiene la posibilidad de ejercer los derechos porque han sido negados (tanto de forma legal como práctica), no tiene acceso en la realidad a la ciudadanía plena.

La ciudadanía debe ser considerada desde su especificidad histórica para encontrar las variaciones que se presentan; ya que, existen diferencias contextuales en el cómo se presenta la contradicción que se expresa en la realidad de cada país, y se generan muchas formas particulares (Durand, 2010). Estas variaciones en los procesos de inclusión o exclusión provienen de la imposición o del consenso que se presenta en cada comunidad, y no tienen un carácter impersonal, sino que se trata de relaciones entre sujetos y de fuerzas ejercidas por instituciones de poder sobre los individuos o colectivos (Balibar, 2013, p. 127)

Se concluye que la ciudadanía, entendida como comunidad, es una falacia. Se puede reconocer la pertenencia a un Estado-Nación. Sin embargo, ni la oficialidad reconocida de una religión o un idioma son suficientes para lograr un verdadero sentido de comunidad que va más allá de la simple asunción de pertenencia y el reconocimiento de derechos de distinta índole. Esto se debe a que la ciudadanía nació en sociedades de clase, las cuales son consustancialmente fragmentadas.

La concepción de comunidad de la Grecia antigua, desde sus pensadores más sobresalientes, reconocían la importancia que tiene esta institución para que la comunidad exista. Platón observaba que el rol de los reyes filósofos podría lograr que el estado lograra la civilización del hombre al promover la mejora constante de todo ciudadano. Aristóteles también reconoció lo anterior, aunque con las sabidas diferencias con relación al pensamiento de su profesor. A pesar de ello, ambos reconocían la importancia del esclavismo para que las ciudades estado se realizaran como comunidades políticas. Por un lado, Platón no les excluye como pertenecientes del conjunto de la sociedad, sin embargo, no les reconoce ningún derecho político. Aristóteles, por otro lado, considera que sólo los griegos son capaces de civilización (está en su naturaleza), por lo que la comunidad política se reduce sólo a ellos (Sabine, 1994).

La ciudadanía es un producto histórico de occidente y cuando es llevado a otras latitudes resulta en relaciones complejas y contradictorias. Por ello, en América Latina con sus características formas de subdesarrollo resulta mostrar lo anterior de manera muy evidente y cruda. La exclusión, por el hecho de vivir en una sociedad de clases, se encuentra menos velada y los procesos de ideologización que presupone la ciudadanía son menos eficientes, como se ha mostrado ya. Es posible agregar a esta argumentación, por lo tanto, que ella nació desde la acepción de clase, está en su genética. No reconoce la diversidad social que emana de la explotación, así como le es también difícil reconocer todas las desigualdades e integrarlas.

Desde el Estado-Nación, mediante la ciudadanía trata de neutralizar estos procesos relacionales y conflictivos. Lo hace no negando el conflicto político, sino, reconociéndolo como exclusivamente político, o dicho de manera más precisa, lo interpreta diseccionado de toda la complejidad social. Así, en la argumentación y práctica que presupone la creación y promoción de un mito de comunidad puede lograr que el conflicto se encauce para el bien de todos. El Estado logra su halo de responsabilidad social de dicha manera. La ciudadanía coadyuva precisamente a ello y por eso se configura como un elemento ideológico y de dominación política. Como se atenderá a continuación, la realidad, observada empíricamente, permite fortalecer las críticas expuestas.

Después de definir el marco general de ciudadanía sigue explicar la existencia de la ciudadanía precaria para el caso de México. De la Fuente (2013) explica que los procesos de exclusión que afectan a la ciudadanía en el país toman forma en lo que Figueroa denomina excedentes de población, intrínsecos a los países en situación de subdesarrollo. Lugares donde concurren una gran cantidad de personas en situación de pobreza, en malas condiciones de vida, así como la existencia de una alta intensidad de flujos migratorios, y niveles elevados de desempleo y de trabajo en malas condiciones (informalidad, negación de la seguridad social, bajos salarios, etcétera).

Estos fenómenos se deben a que la producción capitalista en el subdesarrollo no sólo genera lo que Marx llamó un ejército de reserva, sino también una población excedente, “que se extiende más allá de las necesidades medias del proceso de valoración del capital tanto en el que está en funcionamiento como el que está en ciernes” (Figueroa, 2014, p. 45). Esto sucede debido al intercambio estructural desigual entre países desarrollados y subdesarrollados: los primeros transfieren productos del trabajo general, en cambio, los otros envían productos con carácter de trabajo inmediato, lo que se traduce en una transferencia unilateral de inversión. Que para el caso del subdesarrollo ocasiona una explotación intensificada de la fuerza laboral (Figueroa, 2014, pp. 190.191)

En estas relaciones de intercambio, México se sitúa dentro del polo subdesarrollado, donde la que la acumulación es insuficiente para crear y/o generar empleos en la misma proporción en que esa energía es negada a la economía local y, por tanto, es que se presentan excedentes de población (relativos y absolutos). Existe una estructura productiva, que por sí sola, no ha generado los bienes de capital y de las manufacturas con un alto contenido tecnológico -un valor agregado-, por lo que se vuelve dependiente del polo desarrollado (Figueroa, 2014, pp. 60-61). Entre los efectos que se generan con la presencia de una sobrepoblación que supera las necesidades de valoración del capital están la influencia en el control de los salarios a la baja y la precarización del trabajo (De la Fuente, 2012). Esto, por tanto, significa que la existencia de población excedente produce una ciudadanía que no puede ser ejercida de forma plena. Así en este contexto se genera una enorme desigualdad social, y distinciones entre los sujetos que hacen que se presenten de diferentes formas ante las leyes y las instituciones (Durand, 2010, p 85) .

Asimismo, las políticas neoliberales han traído consigo una mayor exclusión y pobreza gracias a las nuevas dinámicas de la contradicción entre derechos ciudadanos y ganancias del capital dentro de las sociedades capitalistas (de la Fuente, 2013, p 85). Bajo esta racionalidad del mercado se ha ido escamoteando cada vez más derechos y aumentando exponencialmente las desigualdades ya que son más altos los niveles de desempleo, informalidad, migración y precariedad del trabajo.

En América Latina, la ciudadanía social -aquella que Marshall (1968) señaló como el derecho a un mínimo de bienestar económico, de seguridad, de participar del patrimonio social y a vivir la vida de buena forma- apareció con sus propias particularidades: el ejercicio de los derechos fue incompleto en cuestión de calidad, cantidad y extensión, al tomar de referencia a los países desarrollados durante la posguerra. Donde se dio un equilibrio entre los principios contradictorios que rigen el mercado capitalista y la política, mientras que “en los países con bajos niveles de desarrollo de América Latina ese equilibrio nunca se ha encontrado en ningún periodo histórico” (De la Fuente, 2013, p. 93).

En Latinoamérica existe un escenario económico que ha imposibilitado la generación de acuerdos políticos entre clases sociales para hacer viable el capitalismo democrático y la ciudadanía social (De la Fuente, 2013). Esto se da por la dependencia al progreso extranjero que ha configurado coaliciones entre las élites estatales y capitales nacionales y extranjeros en contra de los derechos sociales y a favor de una mayor tasa de ganancia.

Así, la ciudadanía precaria en México no se puede entender sin la presencia de excedentes de población, ya que estos “[…] dan cuenta de una realidad estructural e histórica específica, en la que se potencian los niveles de exclusión en la acumulación capitalista en su forma subdesarrollada” (De la Fuente, 2013, p. 61). Los excedentes de población son el estado regular histórico de producción dentro del subdesarrollo que ha suscitado una regularidad de sujetos excluidos de derechos, pero investidos con la ciudadanía.

La desigualdad material provoca que los derechos ciudadanos no sean ejercidos, lo cual implica la aparición de procesos de exclusión, cabe aclarar que, en el caso mexicano, (debido a su condición de subdesarrollo) se potencializan, por lo que se convierten en excedentes de población. Estos, a su vez, se traducen en la aparición de amplios sectores poblacionales dentro del sector informal de la economía en altas cifras de flujos migratorios y altos índices de desempleo en la región ((de la Fuente, 2013, pp. 94-95). Fenómenos que van de la mano con la pobreza, bajos salarios, empleos en condiciones precaria: sin seguridad social, ni prestaciones, ni contrato escrito.

Este proceso de exclusión laboral y económica (asimismo) crea que los gobiernos no tengan legitimidad, lo que también ocasiona que los electores se alejen de las urnas. Ante esto Figueroa (2014, pp. 147-149) menciona que existe un rechazo hacia la democracia neoliberal - en términos generales- ya que ni los mismos derechos políticos se pueden ejercer debido a su mediación mercantil; las políticas públicas y las decisiones nacionales, han sido expropiadas por capitales internacionales, dejando un espacio acotado para ejercer la política a los gobernantes locales.

Los conceptos de joven y juventud aparecen dentro de las sociedades modernas (Álvarez, 2016; Margulis, 2001; Martín, 2003) y corresponden aquellas donde el capitalismo se desarrolla inicialmente. A lo largo del tiempo, estas nociones no han tenido una definición unívoca, ya que encuentran diferentes acepciones de acuerdo a la disciplina, teoría y corriente epistemológica que se acercan a su estudio. Por lo que es más propicio partir de que juventud tanto como manifestación social empírica, así como una construcción conceptual: se trata de un producto histórico, social y cultural que tiene un carácter relacional donde hay una vinculación entre las relaciones sociales y las subjetividades que se configuran en el sujeto (Martín, 2003 pp. 3-5)

Martín (2003) asevera que el origen de la juventud está intrínsecamente relacionado con la organización política, económica y social de las sociedades industriales modernas. Se trata de un fenómeno psicosocial y biológico que se delimita dentro de ciertas condiciones materiales y socioeconómicas. Con el objetivo es mostrar aspectos generales que viven los jóvenes en relación a la estructura socioeconómica, y exponer el estado de precariedad y desigualdad que vive, lo juvenil se enmarca desde lo etario.

Se toma como base el rango del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI, 2000) que entiende por jóvenes a aquellos que están entre los 15 y 29 años. Aunque, por la misma naturaleza estos datos son presentados por este instituto en algunos casos se toma un rango diferente de edad. Es pertinente aclarar que de ninguna forma se desconoce que la juventud en México no es uniforme, ya que se acepta que existen diferencias de carácter biológico, psicológico, social, cultural, de clase y económico.

En México los jóvenes han compuesto una proporción importante de la población durante las últimas décadas. En el 2020 de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de INEGI, habitaban más de 31.2 millones de individuos juveniles, cifra que representa cercade una cuarta parte (24.8%) del total de la población en el país, y que más allá de su importancia joven en la estructura poblacional, da cuenta de las condiciones de desigualdad y de exclusión.

De acuerdo a la Tabla 1, que refiere a la distribución por sexo, no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. De igual forma, al hacer la división por rangos de edad, tampoco se presentan contrastes notables entre los tres rangos. Sin embargo, lo que sí es posible notar, es que los más jóvenes (de 15 a 19 años), son el sector más numeroso y, por tanto, permite pensar que los jóvenes seguirán siendo un grupo poblacional importante por muchos años.

Otra característica sociodemográfica, es la referente al contexto, una quinta parte de los jóvenes (20.9%) vive en comunidades rurales y el resto en zonas urbanas. se trata, por tanto, de un sector mayormente urbano (INEGI, 2021). Lo cual tiene implicaciones en la forma de vivir la ciudadanía y las formas de participación política, ya que el espacio público urbano en la época actual ha servido como potencializado de la experiencia juvenil debido a que es donde se presenta una mayor dinámica tanto económica como política.

En lo que respecta al aspecto educativo, de acuerdo al INEGI (2021) de los poco más de 30 millones de jóvenes que habitaban en el 2021 en el país solo el 61.6% asistía a la escuela; de estos el 48.5% de los de 15 a 24 años no asiste a la escuela. Esto da cuenta de una problemática en torno al fenómeno de la educación en el país que se conjuga con el hecho de que el 14.2% de los jóvenes solo tienen como máximo nivel de estudios la primaria, el 41.9% tiene la secundaria terminada y el resto estudios medio- superior y superior.

En lo que se refiere a cuestiones laborales el mismo año, según INEGI (2021) de los jóvenes en México cerca de 15.4 millones (50.6%) forman parte de la Población Económicamente Activa, mientras que otros 15.0 millones (49.4%) no están activos. En lo que se refiere a la posición en el trabajo el 88.6% (13.7 millones) de los jóvenes están como subordinados, mientras que el resto trabajan de forma independiente. En lo que refiere al sector de la economía donde se insertan resulta que: el 62.3% está en el sector terciario, el 21.8% realiza sus actividades en la economía de tipo secundaria, y el 9.2% lo hace en el sector primario, cifras que van de acorde con la dinámica ocupacional general del país.

Al considerar esta gran cantidad de jóvenes que habitan en México, desde el punto de vista de la teoría de población excedente, puede dar cuenta del porqué en el sector juvenil se acentúan problemáticas como desempleo, pobreza, empleos precarios, violencia, falta de vivienda, etcétera. Sobre todo, si se considera que se presenta un contexto donde existe poca oferta de empleo, establecida por la baja capacidad de acumulación capitalista en el país para absorber la fuerza de trabajo, por lo que se crea una población absoluta que excede a las necesidades del capital en funcionamiento y para la expansión de la producción (Figueroa, 2014). Es así que muchos individuos jóvenes forman parte de estos excedentes, y son los principales excluidos ya que viven una condición de ciudadanía precaria.

Los jóvenes de los últimos años nacieron con la desarticulación del Estado de bienestar -aun y cuando en América Latina no se presentó con la misma intensidad que en el polo desarrollado-y con ello la eliminación de una gran cantidad de derechos sociales; lo que ha supuesto, entre otras cosas, una disminución considerable de las posibilidades de obtener un empleo digno que garantice su independencia económica.

Por estas situaciones, existe un estado donde se niega la base fundamental que debe presentarse en toda sociedad referente al acceso a una buena calidad de vida, mediante empleos bien remunerados y con buenas prestaciones. Los jóvenes presentan índices elevados de: participación en el sector informal de la economía, flujos migratorios, desempleo y empleo precario. Elementos que para De la Fuente (2013) son fundamentales porque dan cuenta de la existencia de excedentes de población y, por tanto, la aparición de grandes exclusiones y ciudadanía precaria.

Así, y de acuerdo a los datos, un elemento que se vuelve fundamental de esta condición es el desempleo que, para el caso juvenil de México, se ha vuelto una constante con cifras elevadas. Muestra de esto es que en el 2021 la tasa de desocupación de los jóvenes era de 7.4%, cifra mayor que la general de 4.3 (INEGI, 2021). Además de que el 47.8% de los desempleados mexicanos eran jóvenes, lo que contrasta con el hecho de que solo representaban el 27.8% del total de la PEA. Por lo que no es de extrañar que en la última década la tasa de desocupación juvenil ha estado al menos por tres puntos arriba de la tasa nacional.

La Figura 1 muestra que desde el 2012 en lo que refiere a las tasas de desempleo, las juveniles de han estado más elevadas que las tasas nacionales. Esta situación condiciona la potencialidad de exclusión para los jóvenes, ya que al estar constantemente desocupado no solamente se repercute en las cuestiones materiales y económica, sino que se generan subjetividades de rechazo hacia el Estado, e incluso no es de extrañar que con mayor facilidad ingresen a las filas de la delincuencia.

Fuente. Elaboración propia con datos del INEGI 2012-2021

Cabe resaltar que a pesar de que en los últimos años se ha presentado una disminución porcentual del desempleo (no sólo en los jóvenes sino de manera general), esto no implica una mejora general de las condiciones laborales. Ya que esta reducción se explica en gran parte por la puesta en marcha de políticas públicas que tienden a una mayor flexibilidad laboral del trabajo y al aumento de población dentro de la informalidad.

Esto explica que el fenómeno estructural de México, de la incapacidad de crear trabajos suficientes, no sólo genere desempleo sino también ocurre la inserción de una gran cantidad de sujetos dentro de la informalidad (De la Fuente, 2013, p. 57). En los últimos años el número de puestos de trabajo formal presentan una cifra inferior respecto a los de carácter informal. Por ejemplo, en el 2021, 30.9 millones de trabajadores estaban dentro de la economía informal, lo que representa una tasa de 55.2%,

En lo que respecta a los jóvenes, conocer sus niveles sobre este tipo de actividades es otro aspecto que permite ayuda a dar cuenta de su situación laboral y social, a su vez que, que se aprecia su situación dentro de la dinámica de la población redundante. En el 2021 los trabajadores de 15 y 24 años representaban el 19.3% del total, es decir, una cifra de 5.9 millones, cantidad alta si se considera que solo la tasa de ocupación de este sector es del 15.8% (INEGI, 2021). Este dato, por sí mismo, revela la existencia de un conjunto significativo de población juvenil dentro de los excedentes de población.

Al realizar una comparación de las tasas de informalidad por edades es posible ver que la juvenil (15 a 24 años) es más alta, ya que es de 67.4%, mientras que la de los mayores de 25 años es de 53.0% (INEGI, 2021). Lo que significa que la juvenil difiere por casi quince puntos porcentuales, lo que da pie a considerar que los problemas laborales se agudizan en a los jóvenes, y los arroja a condiciones más difíciles.

Otro aspecto de la condición de subdesarrollo en México y paradigma de la existencia de población redundante es la presencia de altos índices de migración hacia el polo desarrollado (de la Fuente, 2012, 2013; Figueroa, 2014). De acuerdo al INEGI (2020) el 47% de la población migrante hacia Estados unidos estaba compuesta por individuos de entre los 15 y 29 años. Situación que concuerda con los datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Poblacional (ENADID) (INEGI, 2018), los cuales indican que entre los años 2013 y 2018, el 50% (cerca de 380 mil) eran jóvenes. Este aspecto no solo se reduce al fenómeno estructural, sino que se insertan elementos culturales e históricos donde la población joven también tiene un papel significativo.

En lo que se refiere a la pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) os datos permiten ver que para el 2020 existían más de 17.6 millones (46.1% del total) de jóvenes (de 12 a 29 años) en situación de pobreza, de los cuales 14.2 millones (37.1%) estaban en pobreza moderada y 3.4 millones (9.74) extrema (2021). Datos que contrastan con los de los grupos 30 a 64 años y 65 más, ya que estos presentan porcentajes de 39.5% y 37.9% respectivamente. De acuerdo al Informe del Observatorio de Salarios 2018, los Jóvenes y los Mercados Laborales, el 81% de las personas de entre 15 y 29 años no alcanza el Salario Digno, y el 52% se encuentra por debajo de la línea de pobreza (línea de bienestar del CONEVAL)

Asimismo, el desempleo, los altos flujos migratorios, la informalidad y la pobreza no son los únicos fenómenos sociales ocasionados por la existencia de excedentes poblacionales en México; ya que, la misma existencia de esta población (tanto aquella que no se inserta como la que lo hace de forma directa en la valorización del capital) presiona de forma permanente para que los salarios estén a la baja porque “[…] constituyen en elementos que influyen en la precarización de las condiciones de vida de la población asalariada, y con ello también restringen la capacidad para ejercer la ciudadanía en condiciones de una mayor igualdad material.” (De la Fuente, 2012, p. 14).

Para ilustrar lo anterior en el caso de los jóvenes se toman varios indicadores, uno de ellos es la cantidad las personas que laboran sin recibir una remuneración. En el 2021, según INEGI, los sujetos juveniles representaron el 42.3% (1.1 millones) del total de trabajadores en dicha condición. Esta cifra contrasta con el hecho de que, en términos generales, la población juvenil personifica la tercera parte de la población ocupada, lo que indica la existencia de una desproporción en detrimento de la juvenil. Esta cantidad se explica bajo l

La estructura económica del país (y de la región) se caracteriza por la inexistencia de una capacidad extendida de acumulación, causada por la ausencia de trabajo científico, por lo que tiene que ser importado (Figueroa, 2014). Por este motivo es que se obstaculizan los acuerdos políticos entre clases sociales que hagan viable el capitalismo democrático y la ciudadanía social, que se dio en los países desarrollados y en los periodos de la posguerra, con la implementación del estado benefactor.

Además, la puesta en marcha del modelo neoliberal en Latinoamérica significó una mayor precarización de la vida y del ejercicio de ciudadanía de los trabajadores, ya que se constriñeron aún más los derechos laborales y sociales. Se introdujeron políticas económicas que permitieron la flexibilidad laboral, la reducción de los salarios y prestaciones de los trabajadores con el fin de beneficiar la rentabilidad de las inversiones.

El estado de los jóvenes asalariados es importante para dar cuenta de las condiciones laborales que viven en la actualidad, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos de remuneraciones y derechos laborales. Por lo que a continuación se presentan los siguientes datos de aquellos que de acuerdo al INEGI están en situación de subordinación y son remunerados. En esta posición para el 2021 había más de 11.3 millones de jóvenes.

Respecto al salario, en el mismo año había más de 8.3 millones de jóvenes que percibían retribuciones menores a dos menos salarios mínimos, esta cantidad representa el 36.1% de los 23.5 millones de empleados que obtienen este nivel de ingresos. De igual forma, esta cifra (los más de 8 millones) representa el 73.4% de los jóvenes trabajadores, porcentaje que contrasta con el de los mayores de 29 años, que fue de 60.7%.

Otro de los elementos en los que se refleja la precariedad dentro del trabajo de los jóvenes (y no sólo de ellos) es la flexibilidad laboral, la cual se ha vuelto un paradigma durante el periodo neoliberal, ya que los niveles de protección de los trabajadores han sido reducidos constantemente. Los contratos se han vuelto instrumentos flexibles en beneficio de las empresas y en menoscabo de los jóvenes empleados. Para el 2021 (INEGI) el 51.1%, de jóvenes en posición de subordinación no contaban con un contrato escrito; en cambio, solo el 39.9% de los mayores de 29 años no poseían un documento legal que los amparara.

En lo que se refiere al acceso a las instituciones de salud por medio del empleo el 51.5% (5.7 millones) de los jóvenes trabajadores no gozan de este derecho Porcentaje muy diferente para el caso de los trabajadores mayores de 29 años, ya que solo el 38.8% no tiene garantizado los servicios médicos por su empleo (INEGI, 2021). Así, más de la mitad de los jóvenes está en una situación de vulnerabilidad ante un accidente o enfermedad

Por otra parte, en lo relativo al acceso a prestaciones laborales como aguinaldo, utilidades vacaciones con pago, etcétera, 41% no gozaban de estos beneficios laborales. en cambio, solamente el 30% de los trabajadores no jóvenes no tenían prestaciones laborales Otro dato revelador que ejemplifica el efecto de las políticas neoliberales es que, sólo un 7% de la juventud trabajadora gozaba de la protección de un sindicato (INEGI, 2021). Así todos estos datos muestran que los jóvenes presentan perores condiciones laborales, ya sea que están dentro de una relación salarial o por fuera de ella.