El impacto social de la megaminería en Mazapil, Zacatecas

La Ecología Política constituye como un marco teórico-conceptual que permite analizar críticamente las formas en que las dinámicas de explotación y los ciclos de acumulación capitalista se insertan de manera abrupta sobre el espacio geográfico, distorsionando el ambiente físico y con ello las relaciones sociales construidas que las personas (re)producen en la vida cotidiana. Se entiende por vida cotidiana a todo el conjunto de elementos sociales, prácticas económicas y dinámicas culturales que un grupo de personas desarrolla de manera individual y colectiva sobre un territorio en un tiempo determinado; así, la vida cotidiana está constituida por los rituales que producen símbolos, los marcos culturales que cohesionan o fragmentan al grupo y los marcos contextuales desde donde se contempla el mundo pero también desde donde el sujeto participa en él.

De esta manera, la Ecología Política analiza las disputas generadas por la tasa de ganancia y los modelos extractivistas desarrollados a nivel local, regional, nacional o internacional sobre los recursos naturales y los territorios; es decir, aborda las contradicciones materiales e intangibles que se gestan por la disparidad de (re)producción entre los ciclos naturales y económicos (Olmedo Neri, 2021; Torres Carral, 2015).

De acuerdo con Leff (2019), la Ecología Política tiene por objeto reconfigurar la relación de depredación que se ha sustentado históricamente en la sobreposición de las lógicas del capital a los tiempos-espacios de la naturaleza. En este sentido, cuando las dinámicas productivas sean acotadas a los procesos de la naturaleza y se reconozca la finitud de los recursos naturales y de los territorios, entonces se podrá trascender el despojo y pensar en una relación que promueva la (re)producción de la vida natural y social de forma dialéctica y no separada como se ha venido ejerciendo por el sistema económico actual (Hinkelammert y Mora, 2013).

La megaminería es un concepto que vuelve explícita la dimensión espacial, económica y técnica de la actividad productiva que representa. De hecho, la megaminería es una especificidad conceptual de un megaproyecto; este, en cualquiera de sus manifestaciones, se caracteriza por la extensión territorial que requiere para su operación, el origen (tras)nacional y tipo de la inversión (privada o pública), la conflictividad socioambiental inherente a su desarrollo y, la innovación tecnológica que permite ampliar la frontera productiva a partir de incrementar la eficacia y eficiencia del ciclo de producción (Olmedo Neri, 2019).

Es necesario destacar que los megaproyectos, y con ello la megaminería, son resultado de un proceso de innovación tecnológica orientado a continuar y profundizar los modelos de explotación de la naturaleza y sus recursos. La megaminería, como cualquier otro proceso económico-productivo, está determinada y condicionada por las posibilidades técnicas y operativas de la tecnología durante un momento histórico determinado. Así, las revoluciones tecnológicas han sido útiles no solo para mantener la continuidad de la depredación económica de la naturaleza, sino que han posibilitado que la idea de finitud de los recursos naturales y su explotación sea desplazada temporalmente por el mito del progreso y el desarrollo.

De acuerdo con Meadows, Meadows y Randers (1992) la innovación tecnológica a lo largo de la historia ha sido útil para contrarrestar parcialmente las contradicciones del sistema económico preponderante; por ello, cada revolución industrial va de la mano con un dinamismo tecnológico que intenta “aliviar los síntomas de un problema sin afectar sus causas fundamentales” (p. 194). Esto significa que el desarrollo y mejora de los ciclos de producción a través de la tecnología están orientados a la maximización de la tasa de ganancia y no necesariamente a volver dicho proceso a uno de menor impacto ambiental.

Por ello, la megaminería debe ser entendida como el conjunto de proyectos mineros cuyas dimensiones espaciales, económicas y ambientales son históricamente distantes a las desarrolladas en otras épocas; esto se debe tanto al componente tecnológico que acompaña a estos megaproyectos y que mejora su rentabilidad, como por la conflictividad socioambiental que genera antes, durante y después de su operación.

De esta manera, la megaminería es considerada, junto a los megaproyectos energéticos, turísticos, genético-productivos e inmobiliarios, como una manifestación empírica del neoextractivismo en América Latina (Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020; Pineda, 2018; Svampa, 2019). Esta etapa se caracteriza por una renovación de los sistemas de explotación y despojo mediante los capitales trasnacionales, por un marcado desarrollo tecnológico que está orientado a incrementar la eficiencia y eficacia de la depredación, así como por la construcción de un marco jurídico-discursivo que legaliza el despojo y busca la legitimación social de estos megaproyectos mediante el mito del progreso y el desarrollo en la región (Meadows, Meadows y Randers, 1992).

El neoextractivismo se ha implantado en América Latina desde inicios del siglo XXI; independientemente de los rasgos políticos de los gobiernos de la región, todos han asumido que estas iniciativas son necesarias, por lo que se han construido discursos políticos y se han reformado marcos legales para garantizar el desarrollo de los megaproyectos, entre ellos la megaminería, con el objetivo de seguir posicionando a la región como la abastecedora de materias primas a nivel mundial (Svampa, 2019).

Por ello, la novedad del neoextractivismo solo es formal y aparente ya que en realidad su esencia sigue manteniendo las asimetrías de poder y su reproducción perpetúa el sometimiento de los territorios y los recursos naturales a los mandatos de la tasa de ganancia y los intereses empresariales. Lo realmente novedoso de este proceso extractivista es su ensamblaje con otras áreas de la vida social como la política y la economía para afianzar su legalidad y confrontar así los discursos sociales que reconocen su carácter ilegítimo y su orientación neocolonialista sobre los territorios latinoamericanos.

Así, todo megaproyecto lleva implícito el sello del conflicto dadas las dimensiones de su instalación, las transformaciones espaciales que acarrean sobre el territorio y el paisaje, así como la priorización de sus demandas y requerimientos por sobre las necesidades de las localidades que se ven directa e indirectamente afectadas (Olmedo Neri, 2019). En otras palabras, la conflictividad socioambiental es un elemento inherente a los megaproyectos tanto por las disputas desarrolladas en y sobre el territorio, como por la defensa de la vida cotidiana allí instalada. De esta manera, resulta relevante anotar que en el caso El impacto social de la megaminería en Mazapil, Zacatecas de la megaminería “las prácticas coloniales siguen vigentes, pero ahora los actores y las formas de sometimiento y dominación se han modificado” (Uribe Sierra, 2017, 95).

Así, el ensamblaje de la megaminería con el territorio es un resultado estructural de las demandas productivas de la globalización, por lo que su instauración implica una reconfiguración espacial y simbólica que son el sustento de los conflictos entre quienes detentan una relación consolidada con su territorio y quienes ostentan un modelo de negocio que es característico del siglo XXI por su interés trasnacional y el dinamismo que genera desde la lógica destrucción-creación, (Bauman, 2010; Berman, 2011). De esta manera, la Ecología Política y su vinculación con las dinámicas espaciales “permiten explicar la disputa por los minerales y sus implicaciones, los avances de la gran minería, su caracterización, la geopolitización y sus contradicciones” (Uribe Sierra y Toscana Aparicio, 2020).

En este sentido, el proceso específico de extracción de minerales responde a dinámicas propias del sistema capitalista en su fase actual y sobre todo a las adecuaciones jurídicas para obtener legalidad y legitimidad en los países que desean aprovechar esta ventaja competitiva para atraer Inversión Extranjera Directa (Cárdenas, 2013; Olmedo Neri, 2021). Todo ello a costa de la sobreexplotación de los recursos naturales en una región y los potenciales conflictos que desencadenen con las poblaciones potencialmente afectadas.

En el caso de la megaminería, las investigaciones en México concuerdan que las reformas neoliberales sobre el Artículo 27° Constitucional, las reformas a la Ley Agraria, la creación de la Ley Minera y las implicaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, ahora T-MEC) se articulan como los pilares que sustentan el actual modelo minero neoextractivista en el país. Este contexto de apertura y laxidad en cuanto a las sanciones legales hacia las empresas por los impactos negativos que puede generar la megaminería contribuye a la subordinación de las necesidades sociales y los territorios a las lógicas económicas trasnacionales (Cárdenas, 2013; Guzmán López, Torres y González , 2020; Uribe Sierra, Gómez Alonso y Tetreault, 2020; Tavera Fellonosa, 2019; Núñez Rodríguez, 2015).

En este sentido, el conjunto de políticas públicas y marcos normativos emanados desde el Estado Mexicano a nivel político y legislativo durante los años noventa del siglo XX reproducen e intensifican tanto las estructuras de sometimiento como las dinámicas de explotación que se desarrollan en espacios geográficos definidos por su riqueza material, natural y mineral.

Esta ordenación jurídica, económica y política sobre las regiones y los territorios es muestra de los nuevos contextos que demandan la reorientación del uso del espacio y los recursos naturales para asegurar el crecimiento y el desarrollo a partir del sacrificio de localidades y las dinámicas desarrolladas en dichos lugares (Meadows, Meadows y Randers, 1992) Así, los efectos consecuentes de las irrupciones de la megaminería en la reconfiguración socioespacial descansan en la lucha por la permanente revaloración monetaria del territorio y los recursos naturales de acuerdo con la necesidad tanto del sistema económico como de la sociedad que lo (re)produce.

De esta manera, la megaminería en tanto sector productivo no sólo debe ser analizado desde su función dentro de la economía nacional, sino también desde los impactos sociales que genera como resultado del proceso conflictivo de reconstrucción territorial y socioespacial que detona. Para reconocer el impacto social de la megaminería es necesario identificar el potencial desplazamiento de la población del territorio en el que se encuentran y el consecuente deterioro de las relaciones establecidas entre las localidades con su entorno a nivel cultural, ambiental y social (Garibay, Boni, Pánico y Urquijo, 2014; Guzmán López, 2015).

Por lo tanto, se entiende que el sujeto no está aislado del lugar en donde desarrolla gran parte de su vida cotidiana, por el contrario, es parte fundamental en su devenir histórico, por lo que la apropiación del espacio por el individuo da paso a la construcción de un territorio que se articula progresivamente a sus prácticas económicas, dinámicas culturales y procesos de socialización (Giménez, 2016). Entonces, el impacto social no debe ser entendido solamente como el conjunto de acciones colectivas de resistencia y organización de las personas afectadas después de la ruptura emanada de la megaminería, sino de la reconfiguración y modificación de las dinámicas que sustentan la vida cotidiana en un territorio antes, durante y después de la operación de un megaproyecto.

Así el impacto social puede ser medible y cuantificable a lo largo del tiempo para identificar en qué aspectos se ha avanzado con la negociación o resistencia social ante la megaminería, cuáles megaproyectos mineros se han estancado por el incumplimiento del desarrollo prometido y cuáles otros han podido integrarse de manera positiva en los territorios donde tienen presencia.

Por lo anterior, la hipótesis de este trabajo es que los conflictos relacionados a la megaminería se enclavan dentro de la colisión de mundos simbólicos sobre el uso actual y futuro del territorio disputado, por lo que los procesos de despojo/concentración sobre el espacio son un eje directriz en el conflicto socioambiental (Leff, 20119; Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020). De allí la necesidad de cuantificar los impactos espaciales en el territorio y sus consecuentes afectaciones en los habitantes potencialmente afectados.

La megaminería es un sector productivo y a la vez un problema socioambiental generalizado en México y América Latina. A partir de la información disponible sobre minería en el país se observa que dicha actividad productiva se encuentra presente en todos los estados a excepción de la Ciudad de México y Quintana Roo. La presencia de la megaminería como actividad económica no se da de manera espontánea, sino que responde a los criterios obtenidos por la exploración y explotación histórica y futura sobre los recursos minerales que albergan los diferentes territorios. Resulta importante mostrar cuantitativamente su presencia a nivel estatal, con el objetivo de ponderar cuáles son los estados donde hay una mayor presencia de esta actividad productiva.

En este sentido, la Gráfica 1 presenta la distribución de las concesiones en los estados de la República, mostrando la superficie concesionada y su porcentaje con relación al territorio de cada una de las entidades estatales.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Secretaría de Economía (2018).

En términos generales, el 11.12% del territorio nacional está concesionado para actividades propias de la megaminería. A partir de esto y los datos obtenidos es posible observar que el estado de Sonora posee la mayor cantidad de superficie concesionada, y que el estado de Colima es aquél con el mayor porcentaje de su territorio concesionado; estas diferencias responden a la heterogeneidad que poseen los estados respecto a su superficie.

Para el caso de Zacatecas se observa que es el tercer estado con mayor superficie concesionada (22.35%), solo detrás de Colima y Morelos. De esta manera, la presencia de la megaminería en Zacatecas ocupa poco menos de una cuarta parte de la superficie estatal total y se distribuye en 49 de sus 58 municipios.

En la Gráfica 2 se puede observar a los 15 municipios con mayor superficie concesionada en Zacatecas, así como el porcentaje que representa de sus respectivas dimensiones territoriales.

Fuente: elaboración propia a partir de datos se Secretaría de Economía (2018)

Como se observa, Mazapil se constituye como el primer municipio con mayor superficie concesionada en Zacatecas; las 726,662 hectáreas destinadas a la megaminería representan el 60.2% del área total de este municipio. Sumado a esto y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía (2018), esta superficie (re) orientada a la megaminería se distribuye en las 395 concesiones otorgadas por el Estado mexicano a diferentes empresas. A partir de estos ello, Mazapil se posiciona como el tercer municipio a nivel nacional con mayor número de concesiones para la actividad minera.

Por todos estos datos, es posible reafirmar la importancia de reconocer al municipio de Mazapil como un lugar donde la conflictividad socioambiental por la megaminería se encuentra latente.

Lo anterior es importante porque la distribución de la megaminería en el territorio trastoca los paisajes y la relación sociedad-naturaleza establecida en cada municipio y sus correspondientes localidades, por lo que la ocupación de más de la mitad de la superficie de Mazapil lleva consigo el potencial conflicto entre aquellas poblaciones que se ven afectadas de manera directa e indirecta. Así, la distribución espacial de la población en Zacatecas y los proyectos de la megaminería se ensamblan para dar un panorama que evidencia el carácter dual y potencialmente conflictivo sobre la disputa del territorio y los recursos naturales.

La disputa por el territorio y la defensa de la vida en latente riesgo se acrecienta cuando las concesiones mineras se definen en territorios construidos social y culturalmente. En este sentido, en el Mapa 1 se muestra la distribución de las localidades y los polígonos de los actuales megaproyectos mineros en el estado de Zacatecas y particularmente en Mazapil.

Fuente: elaboración propia con datos de SE (2018) e INEGI (2020)

A partir de esta visualización se identifica que la mayoría de las localidades zacatecanas han articulado su dinámica demográfica con el marco regional, particularmente con los estados de Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí, por lo que la parte centro y norte de Zacatecas se puede observar la presencia de la megaminería; lo anterior permite observar que dada la heterogénea distribución poblacional, aquellas localidades que se encuentran en estas zonas del estado tienen un carácter fuertemente rural o semirrural.

En el caso de Mazapil, se puede observar cómo la presencia de la megaminería se ha desarrollado sobre poco más de la mitad del territorio y que se articula de manera productiva sobre los municipios colindantes. Además, es posible observar que la superficie concesionada hay una presencia amplía de empresas, de las cuales destacan tres por la cantidad de superficie y conflictos que han desarrollado en este municipio: CanPlats México (de la empresa Goldcorp con capital canadiense), El Peñasquito (del grupo Newmont Corporation con capital estadounidense), y la Minera Tayahua (de la empresa Frisco con capital mexicano) se consolidan en Mazapil por su presencia espacial y por los conflictos socioambientales que han acarreado en este municipio.

La existencia de localidades rurales dentro de los polígonos de los megaproyectos mineros supone un conflicto directo con sus habitantes tanto por su desplazamiento para llevar a cabo las actividades productivas de la megaminería como por el potencial conflicto sobre la propiedad sobre la tierra y su uso. Dado que varias de estas localidades son rurales, es decir cuya población es menor a 2,500 personas, y donde sus actividades tienen una fuerte vinculación con la dimensión agropecuaria, entonces su desplazamiento va de la mano con la disputa derivada de la priorización externa de la actividad minera sobre las dinámicas sociales (re)producidas en esos territorios.

La distribución poblacional sobre el territorio es parte de un trabajo histórico de apropiación del espacio para construir un conjunto de actividades que conforman la vida cotidiana. La pertenencia a un lugar y las actividades que se desarrollan en este son elementos que le dan un sentido al espacio físico y por el cual se establece una relación entre la sociedad, el territorio y la naturaleza. Por ello, uno de los detonadores de los conflictos socioambientales no solo deriva de los efectos directos en cuanto al desplazamiento negociado o forzado de la población por los intereses económicos de las empresas y el Estado mexicano, sino por la transformación del entorno y la consecuente percepción social que esto genera en las poblaciones y sus estilos de vida.

De allí la importancia de observar cómo los efectos se manifiestan de diferentes maneras en relación con la proximidad o cercanía que se tiene con los megaproyectos, en este caso con la megaminería. En este sentido, la construcción de las áreas buffer suponen una estrategia que permite identificar y delimitar con mayor precisión no solo el número de localidades, sino la cantidad de personas cuyas percepciones sobre el megaproyecto minero pueden ser positivas o negativas en relación con los alcances de sus efectos sobre los territorios.

Como se ha indicado, las áreas buffer sobre los polígonos de los megaproyectos mineros tienen una dimensión técnica que se ha ido incorporando progresivamente en los marcos normativos que solicita el Estado mexicano para retomar y considerar el carácter social y los potenciales efectos que estas iniciativas generan en las poblaciones. La cercanía o lejanía de las localidades a partir de su ubicación dentro o fuera de las áreas buffer permite definir aquellos efectos directos y aquéllos otros indirectos. Ambos tipos de efectos pueden operacionalizarse para definir los impactos, medirlos y con ello proponer programas de gestión o intervención con el fin de mitigar dichas consecuencias.

Los efectos directos refieren a aquellos impactos sobre la vida cotidiana de las personas que están más próximas al megaproyecto, por lo tanto se puede identificar que la reubicación de las personas, la compraventa o expropiación de sus terrenos o la renta parcial o total de propiedades para alguna de las actividades de la megaminería son los casos más evidentes en aquellas poblaciones que están dentro o próximas al área concesionada. Por su parte, los impactos indirectos pueden ser temporales y están vinculados a la modificación real o perceptiva de la vida cotidiana de las personas por las diferentes fases del megaproyecto minero: el uso de vías de transporte en localidades para llevar maquinaría, la contratación de personas para diferentes actividades dentro del megaproyecto, la modificación del paisaje y la afectación en la garantía de servicios básicos para las poblaciones cercanas, por ejemplo, son elementos que permiten ‘vivir’ con el megaproyecto minero, aunque sus efectos no tienen el mismo impacto que aquellos presentes en las localidades más cercanas.

Una forma de identificar los efectos directos e indirectos es a través de las afectaciones sobre la tenencia de la tierra y las actividades que en ella se desarrollan. Por ello, en el Mapa 2 se presentan las áreas buffer desarrolladas alrededor de los polígonos de los megaproyectos mineros, con el objetivo de mostrar el solapamiento de las localidades con las iniciativas que pretenden (re)aprovechar las nuevas ventajas de los territorios.

Fuente: elaboración propia con datos de SE (2018) e INEGI (2020)

En la Gráfica 3 se observa la población afectada conforme a las áreas buffer determinadas.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI /2020)

A partir de dicha delimitación espacial, se han identificado aquellas localidades que son afectadas de manera directa e indirecta, por lo que aquellas que se encuentran dentro del polígono minero o en el área buffer de 1 km son localidades que han presenciado con mayor impacto el desarrollo de este tipo de megaproyectos o incluso han sido desplazadas por las actividades que se realizan para una explotación a cielo abierto.

Como se observa el mayor número de localidades se encuentra en el área buffer de mayor proximidad a los megaproyectos mineros; conforme aumenta la distancia el número de localidades disminuye, lo cual responde a la dispersión poblacional propio del devenir histórico del desarrollo social en Mazapil, Zacatecas.

Resulta importante mencionar que, de las 119 localidades potencialmente afectadas, el 67.22% se encuentra dentro del área más cercana a los proyectos mineros. Lo anterior, en términos poblacionales resulta importante ya que al estar más cerca de los enclaves mineros los efectos directos son de mayor impacto, lo cual hace más probable que se organicen procesos de resistencia social emanados de la oposición a las transformaciones paralelas en las localidades y sus territorios.

En la Gráfica 4 se muestra la afectación poblacional en cada una de las áreas buffer y de manera acumulada.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2020)

De esta manera, el desarrollo de este tipo de megaproyectos coercitivos, al menos en el caso del municipio de Mazapil ha generado afectaciones directas a 6,919 personas, que de acuerdo con datos del INEGI (2020), representan el 38.92% de la población total del mismo.

En términos acumulados, la población directa e indirectamente afectada representa el 48.4% de los habitantes de Mazapil. Esto permite observar que poco menos de la mitad de la población ha sido afectada por el desarrollo de la megaminería, lo cual hace razonable los procesos de movilización y organización social en busca de soluciones y resistencias en torno a los costos sociales emanados del discurso del progreso y el desarrollo basados en la lógica creación-destrucción (Berman, 2011).

Por otra parte cobra relevancia el carácter rural no solo del entorno sino de las actividades que en estas localidades se desarrollan: la dinámica económica, social y cultural se articula en torno a la larga tradición minera en la zona, así como a procesos agropecuarios con bajo nivel de tecnificación. No obstante, como la producción minera posee mayor importancia para el Estado mexicano y la industria privada, esta actividad puede desplazar otras más sin ofrecer un recurso o indemnización debido a que no existen procesos de negociación establecidos en los cuerpos normativos vigentes a nivel municipal, estatal y federal (Olmedo Neri, 2021).

En el Mapa 3 se presenta el solapamiento de los núcleos agrarios afectados por la megaminería en Mazapil.

Fuente: elaboración propia con datos de RAN (2018) y SE (2018)

De allí que resulta importante observar que la implantación de un megaproyecto conlleva una reconfiguración de la relación sociedad-naturaleza y de las estructuras de poder históricamente construidas en los territorios. Dado que este tipo de megaproyectos requiere de grandes extensiones de tierra es posible la negociación y/o expropiación de los derechos agrarios de propiedad social o privada existentes para dar paso a estas iniciativas, por lo que resulta menester reconocer el solapamiento de actividades económicas y las potenciales disputas que generan.

A partir de la información obtenida mediante los SIG y a los datos sobre la tenencia de la tierra dentro del Registro Agrario Nacional (RAN, 2018) se identificaron 33 núcleos agrarios afectados directamente por la lógica minera en su proceso de implantación y expropiación. Estos 33 núcleos agrarios aglomeran a 2,732 ejidatarios cuya organización no solo deriva de su relación con la tierra, sino que se articulan como un grupo social con capacidad de movilización dado el efecto directo e indirecto de la megaminería en sus actividades cotidianas; su relevancia radica en la preponderancia económica, cultural y estructural de su (re)presentación como articuladoras del sentido de comunidad en esas localidades rurales.