Las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Honduras, a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, generaron los primeros éxodos de centroamericanos hacia Estados Unidos y México; luego, tras la firma de los Acuerdos de Paz, esos países iniciaron «un conjunto de reformas económicas que acompañaron y complementaron los procesos de pacificación y de restauración de la democracia» (Trejos et al., 2004, 178) que lejos de mejorar la calidad de vida de las personas, elevó las brechas de desigualdad, persistió los obstáculos para crear la paz y con ello los flujos migratorios paulatinamente fueron en aumento.

El proceso de pacificación fue vinculado a la esfera democrática en la medida en que los acuerdos de Esquipulas I y II hicieron énfasis en la importancia de crear mecanismos institucionales, sobre todo de carácter electoral, para garantizar la celebración de elecciones. Sin embargo, dejar atrás el clima heredado por la confrontación de las distintas fuerzas políticas, la militarización y la violencia constituiría el mayor reto para la recomposición del tejido social.

La vulnerabilidad estructural de las economías, la frustración de sociedades desgarradas por la violencia, la fragmentación y la pobreza. La suspensión del cambio social sin posibilidades de concretar los proyectos revolucionarios en Guatemala y El Salvador. La implacable contrainsurgencia y las contradicciones del proyecto insurgente sandinista en el caso nicaragüense, así como el repliegue de la potencia social como condición para el logro de la paz, eran algunas de las condiciones en que se planteó el escenario de la ‘transición democrática’ (Uc, 2014, 4).

La fragilidad institucional y la falta de representatividad que prevalecen en la región se debe, en gran medida, a que «la transición democrática no se experimentó desde ‘dentro’ de la cotidianidad social, [pues] se diseñó desde los poderes del Estado (elites, oligarquías y militares en “conversión”), las fuerzas políticas en proceso y los actores e instituciones internacionales» (Uc, 2014, 23).

Por lo que avanzar en procesos electorales y en la conformación de un sistema de partidos de ningún modo consiguió la democratización de esas estructuras, la inclusión y participación de todos los sectores sociales, políticos, económicos y culturales. Aunado a ello, prevalecen altos índices de corrupción, que terminan en recurrentes crisis institucionales, como el golpe de Estado perpetrado en Honduras en 2009, por mencionar un ejemplo.

El proceso de paz, en el ámbito económico, se caracterizó por un cambio de rumbo en el papel del Estado, acompañado por la libre competencia, la privatización, la atracción de inversión extranjera directa, así como por la promoción del comercio extrarregional, entre otros. «Las reformas [neoliberales] implicaron abandonar el estilo de desarrollo que había predominado durante los tres decenios anteriores y que se caracterizó por una industrialización sustitutiva de las importaciones en el marco de un mercado común regional […]» (Trejos et al., 2004, 178).

Una de las modificaciones implementadas fue el retiro de los subsidios, con efectos directos en el campo, ya que provocó «el desplazamiento de los productos tradicionales -café, caña de azúcar y banano fundamentalmente- por los llamados productos no tradicionales -hortalizas, flores, frutas» (García Aguilar et al., 2014, 337). Un resultado de «la reorientación del crédito y de las inversiones destinadas a la agricultura y la introducción de estímulos fiscales a la exportación de los denominados productos no tradicionales» (Viales Hurtado, 2000, 145).

El vínculo entre privatización y atracción de inversión hizo que gran parte de los servicios básicos que proveían las estructuras públicas quedaran en manos del sector privado; «en la segunda mitad de la década de los noventas, la privatización de empresas estatales y la concesión de servicios públicos a empresas privadas constituye un gran atractivo para el ingreso de nueva IED en la región, sobre todo en los sectores de telecomunicaciones, energía, servicios sanitarios y transporte […]» (CEPAL 2001, como se citó en García Aguilar, et al., 336).

La integración económica dejó de priorizar el ámbito intrarregional y en su lugar facilitaron instrumentos institucionales-jurídicos para la creación de zonas de libre comercio, lo que llevó a la firma de tratados de libre comercio, primero con México y posteriormente con Estados Unidos, en 2007 (este último conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés), que requirió profundizar las políticas gubernamentales para favorecer el ingreso de mercancías y capitales.

La reorientación del modelo económico conllevó severas consecuencias para diversos sectores económicos y la población en general; la incipiente industria quedo desmantelada, generando una expansión del sector maquilador que si bien genera empleos, también exacerba la dependencia económica de estos países respecto del exterior; mientras que agudiza la explotación del trabajo al interior; además, en aras de crear una mano de obra competitiva disminuyen las garantías y derechos sociales.

Los cambios operados en la estructura económica y en las exportaciones, así como en la IED, no se han traducido en una mejoría sustancial de las condiciones de vida de amplios sectores de la población centroamericana. En general, los beneficios del modelo se han quedado en reducidos grupos y en las empresas trasnacionales que han gozado de todas las facilidades brindadas por las políticas gubernamentales. (García Aguilar et al., 346)

La población ha visto mermados su ingreso y sus posibilidades de subsistencia, condiciones que se reflejan en su incorporación en masa a los índices de marginación y exclusión social; una desigualdad económica que prevalece y se agudiza en la región.

Los países centroamericanos se encuentran entre los más empobrecidos del hemisferio occidental. En Honduras, el 66 por ciento de la población vive con menos de US $5.50 por día, seguido de Guatemala con el 59.3 por ciento y El Salvador con el 31 por ciento. La situación es aún peor cuando se agregan otros indicadores, como el acceso a la educación, la salud, la nutrición, el saneamiento y el agua. (Leutert, 2020, 7)

El clima de violencia también se ha convertido en un factor decisivo, debido a que se han alcanzado las cifras más altas del mundo en homicidios, algo que está estrechamente vinculado con las condiciones de pobreza, la demanda de fuerza de trabajo en algunos sectores productivos de Estados Unidos (Selee, 2020), así como con las actividades ilícitas de las pandillas de la zona, sobre todo las vinculadas con fenómenos como la guerra continental en contra del narcotráfico.

Las maras son el resultado de una doble dinámica: en lo interno, una problemática social vinculada a los fenómenos de la posguerra y sociedades extremadamente polarizadas en distribución del ingreso, al mismo tiempo que el Estado y sus instituciones son incapaces de cubrir las necesidades de empleo, educación y recreación de la población joven empobrecida. Entre los factores externos se encuentran la dinámica transnacional de las migraciones y las políticas de deportación de delincuentes de Estados Unidos implementadas desde mediados de los años noventa […] (Manaut, 2011, 182).

La alta vulnerabilidad de la población de esos países se refuerza con las consecuencias que sobre ellas tienen fenómenos ambientales como los huracanes, la sequías e inundaciones, «el huracán Mitch de 1998, el terremoto de El Salvador de 2001 y los problemas de sequía e inseguridad alimentaria asociados al fenómeno del Niño en 2015» (Canales, et al., 2019) son eventos que tendieron a profundizar las condiciones de precarización en la población.

Además, el gobierno de Estados Unidos empezó a revisar los programas provisionales de ingreso y permanencia temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los centroamericanos una vez superado el escenario de guerra en Centroamérica, dando como resultado la suspensión y la deportación de cientos de personas que habían sido acogidas bajo esa modalidad en ese país sin que los gobiernos del Triángulo Norte tuvieran las posibilidades de reintegrar a todas esas personas.

De tal manera que «si bien esta migración no es nueva, sí experimentó una dinámica acelerada a partir de 2012, y, especialmente a partir de 2014, cuando hubo [debido a la suma de todos estos factores] un incremento dramático de la migración de menores no acompañados, un fenómeno que se repitió en 2016.» (Selee, 2020, 2) En los últimos años, las cifras han ido en aumento debido a que lejos de resolverse las problemáticas existentes en esos contextos nacionales se han venido agudizando, producto de la desigualdad económica, la violencia y las crisis político-institucionales que prevalecen.

Desde 2018, un número sin precedente de migrantes Centroamericanos provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, han transitado por México. En 2019, el incremento de la pobreza, violencia extrema, violencia de género, abandono del Estado y cambio climático, llevó a alrededor de 400,000 migrantes de América Latina a huir hacia el norte. Una reciente y distintiva característica de este movimiento en masa han sido las conocidas Caravanas de Centroamericanos -una forma de migración colectiva y organizada compuesta de grandes grupos que varían entre 3,000 a 6,000 migrantes transitando juntos como un solo grupo en movimiento (Sedas et al., 2020, 1).

Las caravanas migrantes fueron una respuesta no sólo ante los contextos nacionales, que facilitaba la movilidad en masa, sino además como una medida para reducir posibles actos de violación de derechos humanos. «La masacre de los 72 en San Fernando, Tamaulipas (2010) y la masacre de Cadereyta, Nuevo León (2012) constituyen la parte más visible de la violencia y la delincuencia en contra de los migrantes en tránsito irregular por México, en las primeras décadas de este siglo» (Calva et al., 2020, 163). Viajar en grupo les permite tener menos riesgos de enfrentarse a bandas delictivas o al crimen organizado vinculado al tráfico ilícito de personas, así como a abusos por parte de las autoridades mexicanas.

Por lo que ese flujo migratorio se compone de múltiples factores que se entretejen entre dimensiones de índole económico, político, social, cultural y hasta ambiental, haciendo más complejo el tratamiento del fenómeno migratorio en su conjunto, por las distintas visiones de los gobiernos nacionales, las políticas migratorias diferenciadas, acuerdos regionales e internacionales que no siempre parten de un punto en común, aunado a los demás actores que intervienen, entre ellos, las organizaciones de la sociedad civil que les brindan asistencia.

Durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador, señaló la importancia de implementar una política migratoria que partiera de un enfoque humanitario. Una vez en la presidencia de México, en diciembre de 2018, reiteró que una de las prioridades de su gobierno era atender la migración desde una política centrada en los migrantes, acorde con los lineamientos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en julio de 2018, y al que México se adhirió en diciembre del mismo año. Además, afirmó que su gobierno promovería un diálogo diplomático con sus pares centroamericanos, partiendo de la corresponsabilidad y de la cooperación para el desarrollo, a fin de generar beneficios en lo social y económico en las poblaciones de origen y, así, frenar la migración forzada.

López Obrador, buen conocedor de las condiciones imperantes en el sureste mexicano y en la frontera sur, invitó a los migrantes centroamericanos a avanzar sin temor a través de México, en donde les prometió que serían bien recibidos, apoyados e incluso financiados. Ofreció visados y empleos. Como era de esperarse, esto incrementó los flujos: antes se detenía a cerca de 45.000 personas en la frontera sur de Estados Unidos; en octubre de 2018, ya eran 60.000; para febrero de 2019 eran más de 75.000; rebasaron los 100.000 tanto en marzo como en abril, y sumaron 132.887 en mayo, en contraste con los 40.339 que se registraron en mayo de 2018. (Ruíz, 2019, 5).

Los objetivos del enfoque humanitario del nuevo gobierno fueron plasmados en la Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024, la cual se dio a conocer a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, teniendo como núcleo al «sujeto migrante», una categoría que no debe entenderse de manera reduccionista, sino como la multiplicidad de rostros de un mismo fenómeno.

La política tiene una dimensión micro, que es la del sujeto migrante, e incorpora a todas las poblaciones: las regulares y no regulares; las que se encuentran en condición de refugio y de protección complementaria o son solicitantes de ésta; las y los mexicanos radicados en el exterior; las y los extranjeros que residen en nuestro país; las poblaciones binacionales; las y los migrantes en tránsito, y hace énfasis en los grupos que históricamente han sido más discriminados, como son las mujeres, mujeres embarazadas, personas indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas de la comunidad LGBTI y las personas con discapacidad. (Nueva Política M. del G. de M., 2019, 10).

La política también hace un diagnóstico de la problemática migratoria de los últimos años en México y delinea los principales componentes que seguiría esta administración en dicha materia. A saber: 1) promover la responsabilidad compartida; 2) movilidad y migración internacional segura, ordenada y regular; 3) atención a la migración irregular; 4) fortalecimiento de las capacidades institucionales; 5) protección de mexicanas y mexicanos en el exterior; 6) integración y reintegración de personas migrantes y; por último, 7) desarrollo sostenible en comunidades migrantes. (Nueva Política M. del G. de M., 2019).

Dentro de las acciones contempladas para aplicar dichos componentes, para garantizar la capacidad de las instituciones encargadas de los asuntos migratorios para los nuevos desafíos trazados por el gobierno federal, se halla el crear los mecanismos necesarios para reestructurar a las principales instituciones encargadas de los asuntos migratorios, promover sinergias entre las diferentes dependencias gubernamentales, a fin de lograr aplicar con mayor alcance los objetivos planteados, además de promover una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). (Nueva Política M. del G. de M., 2019).

La nueva política está orientada a dejar atrás la criminalización de los migrantes. De acuerdo con Calva (2020), está «basada en dos pilares fundamentales: la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo económico en las regiones de expulsión» (Calva, et al., 2020, 165). De tal suerte que la postura del nuevo gobierno favorece una gestión de puertas abiertas a la migración, pues reiteradamente hace alusión a que en México se les trataría bien.

El Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), por su parte, retomó el contenido de esa nueva política en un apartado específico, denominado Migración: soluciones de raíz, en el que en primera instancia considera a los emigrantes mexicanos, señalando que:

La mayor riqueza de las naciones es su población; sin embargo, el modelo neoliberal agudizó la emigración de mexicanos y hoy tenemos que un alto porcentaje de nuestra gente reside fuera del país, muchas veces en condiciones de precariedad y sujeta a discriminación y atropellos. Aspiramos a ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron. (de la Federación, D. O., 2018, 14).

Las acciones gubernamentales adquirían dos direcciones medulares con respecto a los connacionales; la primera, vinculada a trabajar por mejorar las condiciones de vida de la población, crear una política de bienestar que lograra reducir los indicadores de desigualdad prevalecientes en la sociedad mexicana mediante la creación de oportunidades, tales como trabajo digno, acceso a la educación, entre otros; la segunda, referente a que los consulados mexicanos en Estados Unidos tenían la tarea de dar seguimiento a los casos de connacionales que fueran víctimas de algún atropello por parte del gobierno estadounidense, siendo una instancia que fuese capaz de velar por la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior.

El actual gobierno federal defenderá a los mexicanos en Estados Unidos con respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a su alcance; el principal de ellos es la red de consulados, que deberán operar como defensorías de los migrantes, en el marco de las convenciones internacionales y las propias leyes estadunidenses, a fin de prevenir o remediar las violaciones a los derechos de los mexicanos en la nación vecina. (de la Federación, D. O., 2018, 35).

Al referirse a los flujos migratorios de otros países que transitan por territorio mexicano, en particular los provenientes del Triángulo Norte, el gobierno refrendó que

México tiene una larga tradición como tierra de asilo y refugio que ha salvado innumerables vidas y enriquecido al país. A los extranjeros que llegan a nuestro territorio brindaremos respeto a sus derechos, hospitalidad y la posibilidad de que construyan aquí una nueva vida (de la Federación, D. O., 2018, 14).

Se hace hincapié en retomar la tradición de asilo, refugio y de apoyo humanitario que caracterizó la política exterior mexicana en décadas pasadas, particularmente durante la Guerra Civil en España y las guerras civiles en Centroamérica, que dio un amplió prestigio a la diplomacia de México en dicha materia, favoreciendo acuerdos vinculados a la protección de los derechos humanos y recibiendo a un número significativo de refugiados pero que fue abandonada, de acuerdo con el gobierno actual, al dar prioridad a una política dirigida a la contención.

Las raíces de la emigración mexicana se hunden en el contexto de la implementación del modelo neoliberal en la región, en general; y en el país, en particular, apuntando que el conjunto de medidas en materia económica puestas en marcha desde hace poco más de 30 años en México había provocado los grandes índices de desigualdad económica, elevando la pobreza y la pobreza extrema en ese país, motivando a que los mexicanos decidieran irse a Estados Unidos.

Los gobernantes del ciclo neoliberal dieron por hecho que la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos la mayor parte de ellos, sin documentos de residencia era un fenómeno natural e inevitable. Soslayaron el hecho de que la salida de poblaciones enteras de sus lugares de origen era consecuencia de las políticas económicas aplicadas por ellos mismos, políticas que tuvieron como consecuencia la aniquilación de la industria nacional, el abandono del campo, el incremento de la pobreza, el desempleo y la marginación, la eliminación de los mecanismos de redistribución y de movilidad social y la agudización de la inseguridad y la violencia, factores que detonaron la virtual huida de connacionales hacia el norte, en busca de trabajo, seguridad y perspectivas de vida. El régimen oligárquico no sólo no se ocupó de resolver de raíz el fenómeno de la emigración, sino que hasta lo alentó, incluso de manera explícita. (de la Federación, D. O., 2018, 34)

Los cambios en la esfera institucional fueron visibles con el nombramiento del nuevo Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, quien se dio a la tarea de «revisar las denuncias en contra del personal del INM recibidas por organizaciones de la sociedad civil, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a las malas condiciones y tratos que reciben los migrantes en los 66 centros de detención distribuidos en todo el país» (Meneley, 2020).

Las acciones del Comisionado estuvieron dirigidas a la restructuración del Instituto Nacional de Migración (INM), dada su importancia en la implementación de la política migratoria, así como a generar:

[…] una reorientación de la visión de seguridad pública, centrada ahora en la gestión migratoria con un enfoque de derechos humanos; el ingreso regulado y ordenado al país mediante el otorgamiento de una visa temporal a cerca de 13 mil migrantes y el esfuerzo de colaboración de los tres niveles de gobierno: ayuntamientos, gobiernos estatales y gobierno federal, para acompañar institucionalmente de mejor manera a ese flujo durante su tránsito hacia la frontera norte (García, et al., 2020,196).

La aprobación de visas humanitarias o Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, de acuerdo con la Ley de Migración 2011,

se autorizan a todos los migrantes que sean menores no acompañados, víctimas o testigos de algún delito, solicitantes de asilo, refugio y protección complementaria, o, bien, “cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país” (Ley de Migración 2011, como se citó por Meneley, 2020).

El INM denominó a este proceso acelerado de solicitud, selección y entrevista el “Programa Emergente de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias.” Para el 23 de enero de 2019, más de 8,727 migrantes habían solicitado visas humanitarias en Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas, y el INM estimó que otros 1,500 migrantes estaban esperando para solicitarla. Los inmigrantes hondureños presentaron la mayoría de estas solicitudes (6,483 solicitudes), seguidos por los salvadoreños (1,037 solicitudes) y los guatemaltecos (1,011 solicitudes). Dentro del total de solicitantes, había 2,024 menores, incluidos 44 menores no acompañados (Leutert, 2020, 26).

La aprobación de visas humanitarias cumple la función de trabajar por el ingreso ordenado, seguro y legal de los migrantes, coadyuvando a tener claridad de la cantidad de personas que ingresan por la frontera sur de México, brindando la posibilidad de proteger sus derechos, ya que, de acuerdo con Torre Cantalapiedra, 2020, «les facilitan: 1) el libre tránsito de manera regular por el territorio del país, sin estar sujetos a los procesos de detención y deportación y 2) hacer uso de las rutas y medios de transporte más seguros» (Citado por Calva, et al., 2020, 166). Aunque no por ello las autoridades gubernamentales lograron erradicar del todo los peligros o amenazas a los que se exponen esas personas, sobre todo en la frontera norte, cuando tenían que esperar periodos muy extensos para tener la anuencia del gobierno de Estados Unidos para revisar su caso y ser beneficiarios de la solicitud de asilo.

La espera a la que eran sometidos los migrantes fue por la aplicación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) que consisten en que aquellas personas «que ingresen o soliciten ser admitidas a ese país desde México, ilegalmente o sin la documentación pertinente, podrían ser retornadas a dicho país a la espera de la resolución de sus procesos de inmigración, “donde México les proveerá todas las protecciones humanitarias apropiadas durante su permanencia en ese país”» (Alarcón, 2019, 104).

Los PPM fueron producto de una negociación que inició desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, al amparo de la presencia cada vez más frecuente de caravanas migrantes, así como a la llegada de cientos de haitianos en busca de asilo en Estados Unidos, pero que ante la llegada de López Obrador a la presidencia de México no había prosperado, ya que éste tenía especial interés en que se respetará la soberanía nacional en las decisiones que se adoptaran en asuntos migratorios.

México reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria», pero que se tomarían cuatro acciones «en beneficio de las personas migrantes, en particular de los menores de edad, estén acompañados o no, así como para proteger el derecho de quienes sigan un procedimiento de asilo en Estados Unidos. (Alarcón, 2019, 104).

El acuerdo entre ambos gobiernos fue dado a conocer en enero de 2019, en el que si bien había un claro compromiso por parte del gobierno mexicano orientado en mantener la protección de los derechos humanos como eje en las acciones vinculadas al ámbito migratorio -ya que los PPM fueron traducidos por las autoridades mexicanas como apoyo humanitario-, para el gobierno de Estados Unidos era una medida de contención migratoria, por lo que crear un marco de concordancia entre ambos gobiernos no ha sido tarea sencilla.

Cabe destacar que el enfoque que prevalece en la política migratoria en Estados Unidos es de carácter restrictivo y de contención. La aprobación de la Inmigrant Reform and Control Act (IRCA), mejor conocida como la Ley Simpson-Rodino en 1986, fue la primera disposición que criminaliza a la migración, situación que fue más notoria tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001; «el gobierno federal y diversos gobiernos estatales exacerbaron leyes y acciones contra los migrantes» (Armendares et al., 2019, 11), lo que generó que la migración sea considerada como un problema de seguridad nacional.

El contenido y gestión de la política migratoria en Estados Unidos es determinante en el diálogo bilateral o regional que se lleva a cabo sobre el tema, prioriza su enfoque sobre el resto, dejando muy pocas posibilidades para generar acuerdos que lo comprometan a trabajar por una corresponsabilidad mutua y, además, da poco margen para que flexibilice algunas de las medidas adoptadas que se contraponen con el enfoque de los demás países, en este caso de México.

Dentro de las ciudades fronterizas mexicanas, los funcionarios federales, estatales y locales no han podido garantizar condiciones de vida adecuadas para los solicitantes de asilo. Las capacidades y condiciones de los albergues varían de ciudad a ciudad, y miles de solicitantes de asilo incluso crearon un campamento cerca del puente internacional en Matamoros, Tamaulipas. El INM tampoco ha proporcionado CURPs temporales a todas las personas devueltas a través de PPM, que son necesarias para que los solicitantes de asilo obtengan empleo en México. Incluso cuando las personas obtienen CURPs temporales, puede ser difícil obtener un trabajo decente. (Leutert, 2020, 33).

La atención de migrantes en la frontera norte mexicana rápidamente evidenció severas problemáticas para operar a cabalidad los PPM. Por un lado, había una falta de infraestructura institucional y de agentes para brindar seguimiento a tantas personas y, por el otro, muchas de las ciudades receptoras de esas personas que estaban siendo devueltas por Estados Unidos a México, eran consideradas de alta peligrosidad, aumentando el grado de vulnerabilidad de los migrantes.

Los PPM fueron vistos como una forma de «obstaculizar y disuadir a quienes pretenden obtener asilo en Estados Unidos, [y] pone en riesgo la integridad física y mental de los solicitantes que deben esperar en ciudades fronterizas donde hay altos niveles de inseguridad» (Calva et al., 2020, 165). Las visiones estadounidenses y mexicanas totalmente opuestas no impidieron que se mantuviera el incremento de migrantes centroamericanos, a través de las denominadas «Caravanas Migrantes», «conformadas principalmente por familias y niños y nunca antes vistas en magnitud y escala, [ante ello] el gobierno [mexicano] emitió más de 18,000 tarjetas de visitante por razones humanitarias a fines de febrero de 2019 con el objetivo de promover la seguridad de los migrantes y facilitar su acceso a servicios básicos» (Ruiz, 2020, 3).

No obstante, pese a que al principio el [PPM] registró pocos casos, el número de migrantes indocumentados apresados en la frontera entre México y EE.UU. continuó subiendo, al punto de que el gobierno estadounidense comenzó a liberar a muchos detenidos, y les dio solo una fecha para que se presentasen en una corte migratoria en el futuro. Su capacidad para controlar la frontera quedó rebasada por la inmensa cantidad de migrantes indocumentados, cuya mayoría se presentaba a las autoridades justamente para ser detenidos, y luego puestos en libertad, conocedores de la falta de medios para mantenerles presos. (Ruiz, 2020, 4).

La situación se volcó más delicada cuando el gobierno de Estados Unidos insistió en que los países de Centroamérica y México debían adoptar la medida denominada Tercer País Seguro, una categoría que serviría para que los migrantes esperaran en otro territorio que no fuera el suyo para resolver su situación migratoria, en este caso evaluar sus solicitudes de asilo y/o refugio. El gobierno mexicano rechazó que se le diera esa designación, por lo que inicio un acercamiento diplomático con ese país para generar un acuerdo.

El 9 de junio [2019], los negociadores mexicanos, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, acordaron incrementar el control fronterizo mexicano, tanto en el norte como en el sur del país, usando a la Guardia Nacional -un cuerpo de policía recién creado-para apoyar a las autoridades migratorias y recibir a muchos más retornados en el marco del [PPM]. (Ruiz, 2020, 5).

El encuentro diplomático, que concluyó en una declaración conjunta entre ambos gobiernos, provocó una mayor presencia de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur mexicana para, según señala Martínez et al., (2019), «frenar la migración irregular, así como enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas con la trata de personas y el tráfico de migrantes, además este gobierno prometió resultados en un plazo de tres meses, reflejando la subordinación a los EE.UU» (Citado por Meneley, 2020).

Sumado a ello, hubo cambios en la esfera institucional: se nombró a Francisco Garduño como el nuevo Comisionado para dirigir el INM, luego de que dimitiera de su cargo Guillén. La gestión del nuevo dirigente «se centró más en el cumplimiento [del marco jurídico migratorio mexicano], algunas reestructuraciones del INM han continuado bajo su liderazgo. Por ejemplo, durante los primeros meses en el cargo de Garduño, se aumentó la cantidad de agentes del INM y se brindó capacitación en derechos humanos». (Leutert, 2020, 29).

Estados Unidos responsabilizó a México y los gobiernos de Centroamérica de no hacer lo suficiente por detener a los migrantes, por lo que los presionó mediante la amenaza de la suspensión de apoyo económico, para el caso de los países centroamericanos, y con el alza de aranceles a todas las importaciones provenientes de México. En ese sentido Beltrán (2019) señaló:

El Gobierno de López Obrador, sin embargo, se ha resistido a convertirse en «tercer país seguro», a diferencia del Gobierno de Guatemala que el 26 de julio, bajo presión de Estados Unidos, firmó un acuerdo de este tipo. Por su parte, Honduras y El Salvador, que también han sucumbido ante la amenaza del retiro de la ayuda internacional, en septiembre firmaron «acuerdos para la cooperación en la exanimación de solicitudes de protección» con el Gobierno de Estados Unidos. (Citado por Alarcón, 2019, 102).

Por otra parte, México ofreció tarjetas de trabajador fronterizo y visitante regional, un programa que operaba para Guatemala y Belice, a hondureños y salvadoreños con la finalidad de crear otras medidas de apoyo, encaminadas a otorgar un trabajo digno. «A lo largo de 2019, el INM comenzó a ofrecer tarjetas de visitante regionales a salvadoreños y hondureños, pero no otorgó tarjetas de trabajadores fronterizos a estas nuevas nacionalidades». (Leutert, 2020, 28).

Según el Boletín Estadístico, II Documentación y condición de estancia en México, 2020, de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, sigue sin haber registro de solicitudes de esas nacionalidades durante el año 2020; el número total de Tarjetas Visitante Trabajador Fronterizos expedidas fue de 3683, de las cuales corresponden 3677 a Guatemala y 6 a Belice, los países contemplados desde hace varios años en dicho programa. (UPMRIP, 2020).

Algo que debe considerarse y contrastarse es que, durante el periodo de mayo a noviembre de 2020, hubo una baja considerable del flujo migratorio centroamericano hacia México, de acuerdo a los reportes emitidos por el Instituto Nacional de Migración, principalmente por el virus SARS-CoV-2, que ha causado la nueva enfermedad Covid-19, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en marzo de 2020, y que implicó el cierre de fronteras en algunos casos, así como la parálisis de algunos sectores productivos.

Uno más de los cambios que se realizaron a nivel institucional tiene competencia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que, si bien ya estaba vinculada a los asuntos migratorios a partir del «[…] 19 de septiembre de 2019, la administración de López Obrador creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. La Comisión Intersecretarial realiza las gestiones oficiales de la SRE sobre temas migratorios y está dirigida por el jefe de la SRE, en este caso el secretario Ebrard» (Leutert, 2020,16).

La región centroamericana ha estado presente en la política exterior mexicana desde hace varias décadas, dando prioridad al diálogo y creando mecanismos que favorezcan la cooperación. «Litúrgicamente, se han lanzado planes varios en los sucesivos gobiernos mexicanos (Pacto de San José, Plan Puebla-Panamá, Proyecto Mesoamérica, etc.) que apenas han conseguido paliar las enormes carencias de los vecinos del sur.» (Ruíz, 2019, 4).

Gran parte de esos proyectos estaban más vinculados a la apertura comercial, acorde a las políticas estructurales que se adoptaron en Centroamérica, amparadas en los lineamientos del Consenso de Washington y, de acuerdo con Bustelo (2003), Post-Consenso de Washington, que dieron prioridad a la firma de tratados de libre comercio, lo que generó que los beneficios no fueran los esperados, ya que dejó graves consecuencias para la población, al profundizar los márgenes de desigualdad y exclusión social. (Citado por García Aguilar et al., 2014, 349).

La actual administración mexicana enfatiza en que uno de los factores que han incidido en la migración son las condiciones estructurales, exacerbadas por la implementación del modelo neoliberal, que han tenido un efecto en el ámbito político, social y cultural, provocando el incremento de los flujos migratorios tanto de mexicanos como de centroamericanos ávidos de llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.

La propuesta mexicana para solucionar esas grandes desigualdades es promover la cooperación para el desarrollo, la cual se lleva a cabo a través de programas sectoriales que coadyuvarán a crear bienestar en las personas del sureste mexicano y ayudarían a captar mano de obra de migrantes en tránsito en el país.

Se espera que los programas sociales sectoriales tengan una incidencia concreta en la mejoría de las condiciones de vida en las principales zonas expulsoras de mano de obra y que los proyectos regionales de desarrollo actúen como "cortinas" para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte: el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Zona Libre de la Frontera Norte generarán empleos y condiciones de vida digna para atraer y anclar a quienes huyen de la pobreza. (de la Federación, D. O., 2018, 36).

Los programas sectoriales se complementarían con el Plan Integral de Desarrollo, programa regional que propuso México en conjunto con El Salvador, Guatemala y Honduras, para apuntalar el desarrollo de Centroamérica.

El día de su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, el nuevo presidente mexicano firmó junto con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras la declaración conjunta que dio origen al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica y México, proyecto con el que se busca el progreso para la región y frenar así la migración. (Ruíz, 2019, 5).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) colaboró realizando una propuesta basada en una perspectiva multidimensional, atendiendo las condiciones socioeconómicas que prevalecen, con los siguientes objetivos: «1) desarrollo económico; 2) aumento del gasto público en educación, salud y trabajo; 3) sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos; y 4) gestión de la migración con un enfoque humanitario» (Leutert, 2020, 30). Su aplicación parte del compromiso de sus países miembros y del apoyo de los países amigos que colaboraren como donantes para su financiación.

Todo esto implica la articulación de un nuevo espacio económico, es decir, una integración comercial, productiva, energética y logística, que cubra: i) la creación de un espacio dinámico con beneficios compartidos entre el sur de México y los países del norte de Centroamérica vía inversión, comercio, integración energética y digital; ii) la facilitación de comercio entre México y los países del norte de Centroamérica, articulando las inversiones entre ellos; iii) el establecimiento de cadenas regionales de valor, con énfasis en la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas, y iv) la construcción de una red regional de investigación-desarrollo-innovación para aprovechar las oportunidades de la nueva revolución tecnológica. (Quintana 2019, 17).

Además, el Plan también retoma los objetivos del Pacto Mundial de Migración y la Agenda 2030, en el marco de la protección de los derechos humanos de los migrantes, considerando que en la región que componen los países miembros convergen diferentes caras del proceso migratorio: origen, tránsito, destino y retorno.

Para este propósito estipula las siguientes medidas: i) incorporar el principio de no discriminación en el ciclo migratorio; ii) elaborar políticas para atender a personas desplazadas por violencia y desastres; iii) acometer acciones integrales en barrios precarios de partida, paso, llegada y retorno, así como en ciudades intermedias receptoras de migrantes, iv) desarrollar programas para superar el hambre y la pobreza rural en territorios de alta propensión migratoria; v) incluir a migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y retornados en los sistemas educativos, y vi) construir acuerdos de portabilidad de derechos y seguridad social. (Quintana, 2019, 18).

Parte de las acciones que contempla dicho Plan son los programas sectoriales que México empezó a implementar: Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, a fin de ser una medida para reducir la exclusión social, recuperar la soberanía alimentaria del país, así como dar oportunidades a los jóvenes de insertarse en el mercado laboral y/o continuar con sus estudios.

Sembrando Vida tiene como objetivo plantar 550,000 hectáreas de cultivos como maíz, café y cacao, así como árboles de caoba y cedro, en los estados del sur de México (Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche) y emplear a 220,000 agricultores. […] Jóvenes Construyendo un Futuro incluye becas educativas para jóvenes de entre 18 y 29 años, donde los participantes reciben aproximadamente US $115 por mes mientras reciben capacitación laboral. El objetivo del programa es capacitar a 2.3 millones de jóvenes en México para que estén calificados para trabajar en los sectores público y privado. (Leutert, 2020, 31).

Los programas también contemplan su implementación en Guatemala, El Salvador y Honduras, complementando las acciones previstas en el marco del Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Zona Libre de la Frontera Norte.

En el verano de 2019, México prometió US $30 millones a cada país centroamericano para expandir los dos programas. El 20 de junio de 2019, López Obrador firmó un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para implementar los programas, y el 27 de julio de 2019, firmó un acuerdo similar con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado. (Leutert, 2020, 31).

Los resultados de la expansión de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro dependen de muchos factores; la estabilidad político-institucional de los países receptores, el apoyo económico mexicano, la cooperación de los donantes que han estado interesados en el Plan desde que se dio a conocer, así como del compromiso de Estados Unidos, un actor clave y determinante en el sistema migratorio regional.

Aunado a ello, dado el tiempo en marcha es prematuro determinar su éxito o fracaso, puesto que todavía no concluye la actual administración y varios de los beneficios proyectados se prevén a largo plazo, tales como la seguridad alimentaria, reducción del impacto social causado por el cambio climático en la zona y la reducción del desempleo, así como coadyuvar en la formación de recursos humanos.

La nueva política migratoria parte del principio de corresponsabilidad mutua y de la promoción de la cooperación para el desarrollo, ya que «se constituye sobre la base del respeto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género» (Nueva Política M. del G. de M., 2019, 28).